La Justicia porteña suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos implementado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo tras detectar un presunto uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas.
La resolución fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Andrés Gallardo. El magistrado ordenó además una serie de medidas de prueba que incluyó el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano.
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En su resolución, el juez Gallardo, dijo que el denominado Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires fue utilizado para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la presidenta del PRO Patricia Bullrich y el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, entre otros.
Según la agencia de noticias oficial Telam, entre abril de 2019 y marzo de 2022, el Ministerio de Seguridad porteño realizó 9 millones de consultas.
La información fue obtenida por la Justicia a partir de un pedido de informes que envió al Registro Nacional de las Personas (Renaper).
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Los datos biométricos solo pueden solicitarse en caso de que se trate de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC). En 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.
Quiénes son los políticos y periodistas a los que la Ciudad pidió datos biométricos
El informe elaborado por el Renaper en respuesta al oficio del juez reveló que entre abril de 2019 y marzo pasado fueron requeridos los datos biométricos del presidente Alberto Fernández (76 veces); la vicepresidenta Cristina Kirchner (225 veces); el diputado Máximo Kirchner (12 veces); el Ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro (3 veces) y del ministro de Seguridad Aníbal Domingo Fernández (12 veces).
También fueron solicitados los datos de los diputados Sergio Tomás Massa (3 veces); Myriam Bregman (3 veces), Ricardo López Murphy (8 veces); José Luis Espert (8 veces) y Javier Milei (32 veces), según surge del expediente.
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La lista incluye además a los nombres del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (una vez); la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich (18 veces); la exProcuradora General de la Nación Alejandra Magdalena Gils Carbó (2 veces); el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni (2 veces); el ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz (una vez); y la Fiscal General por ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Fernanda Boquín (4 veces).
Además, según Telam, se requirió datos de los periodistas Gustavo Sylvestre, Joaquín Morales Solá, Viviana Canosa y Eduardo Feinmann. La lista contiene también empresarios, fiscales federales, a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini y a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
En su resolución, el juez sostuvo que la Ciudad solo estaba autorizada a extraer datos biométricos “siempre y cuando se tratara de personas cuya búsqueda haya sido exigida por la Justicia”.
