El 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada para la reflexión sobre lo que ocurrió en aquella fecha de 1976, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado cívico-militar que dio comienzo a siete años de una dictadura feroz.
Hace 46 años, quienes eran los comandantes de las tres fuerzas armadas, Jorge Rafael Videla (Ejercito), Emilio Eduardo Massera (Marina) y Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea), derrocaron al Gobierno de María Estela Martínez de Perón, que era vicepresidenta electa y había asumido la presidencia tras la muerte de Juan Domingo Perón, el 1° de julio de 1974.
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De un país cuyo sistema democrático estuvo siempre jaqueado por los golpes militares desde 1930, cuando cayó Hipólito Yrigoyen, aquel que asumió el 24 de marzo de 1976 fue el sexto asalto militar al poder y, sin dudas, el más atroz. Una dictadura que, además de recortar las libertades y los derechos civiles de la población, se destacó por la constante violación a los derechos humanos.
Bajo el concepto de “combatir a la subversión” se cometieron infinidad de crímenes de lesa humanidad, que incluyeron secuestros, torturas y muerte, además de la apropiación de bebés nacidos en cautiverio a quienes les robaron la identidad.
La administración económica (el plan lo ideó José Alfredo Martínez de Hoz y se llamó “Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina”) terminó disparando una deuda externa fenomenal (más de 40 mil millones de dólares) que dejó a la Argentina en un caos socioeconómico.
Y como broche, en un intento de “salvar” la gestión, en 1982 la tercera junta militar que gobernó en aquellos denominados “años de plomo” (Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo) llevó al país a la guerra contra el Reino Unido tras invadir las Islas Malvinas, donde murieron 649 argentinos.
El Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976
El país estaba inmerso en un estado de violencia interna muy fuerte, en especial después de la muerte de Perón. Bajo la presidencia de Isabelita, la viuda del líder fallecido en 1974, se consolidó un grupo de tareas parapolicial llamado “Triple A” (Alianza Anticomunista Argentina) que lideraba el ministro de Bienestar Social, José López Rega, el funcionario más influyente sobre la entonces presidenta.
La Triple A -que se había creado a fines de 1973, cuando Perón aún vivía- perseguía a activistas y sectores de izquierda entre los que sobresalía dos grupos: Montoneros (surgido del peronismo) y el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo (nacido del marxismo).
En medio de este clima, a comienzos de 1976 el gobierno de la viuda de Perón tenía una debilidad extrema y la intervención de los militares, que cada vez tomaban más fuerza, era inminente. Incluso, apoyada por una parte de la población civil.
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En la madrugada del 24 de marzo, las Fuerzas Armadas concretaron el Golpe de Estado. Le notificaron a la presidenta que los militares habían tomado el control y que ella estaba detenida (la trasladaron a Neuquén primero y unos meses más tarde a la base de fabricación militar bonaerense de Azul).
Aquel día, Argentina -el único país del cono sur que aún estaba en democracia- amaneció bajo el total dominio de las Fuerzas Armadas, que finalmente nombraron como comandante en jefe y presidente de la Nación al líder del Ejército, Jorge Videla. Se instaló la Ley Marcial y con ella el Estado de Sitio y la plena autoridad a la Junta Militar para decidir sobre cuestiones civiles.
Durante la madrugada y a lo largo de todo el 24 de marzo, mientras las fuerzas militares ganaban la calle y asumían el mando a nivel nacional (arrestando a los gobernadores provinciales, cuyos distritos perdían su autonomía) comenzaron también los primeros secuestros y desapariciones, en especial de todo aquel que pudiera formar algún tipo de fuerza de resistencia, como políticos, sindicalistas y activistas.
En lo que se denominó formalmente como “Proceso de Reorganización Nacional”, La Junta Militar que comenzó gobernando el país (Videla, Massera y Agosti) permaneció en el poder hasta marzo de 1981. En ese lapso se cometieron el grueso de los crímenes de lesa humanidad por los que, ya en democracia, en 1984, los jefes militares fueron juzgados y condenados.
