“Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la Justicia ni tampoco fusiladas. Pongamos que eran siete mil u ocho mil las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión”. De esa manera, Jorge Rafael Videla admitía por primera vez, a sus 86 años, el plan sistemático de desapariciones forzadas que implementó la dictadura cívico-militar que él mismo lideró entre 1976 y 1981. Hasta el último día de su vida, no mostró arrepentimiento.
El expresidente de facto se sinceró en una serie de entrevistas que le realizó el periodista Renato Ceferino en el Instituto Penal Federal de Campo de Mayo, entre 2011 y 2012, y que fueron publicadas en el libro “Disposición final, la confesión de Videla sobre los desaparecidos”.
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Un año después, el 17 de mayo de 2013, sería encontrado muerto en el inodoro de su celda en Marcos Paz, prisión común y de máxima seguridad a donde había sido trasladado meses atrás. Allí permanecía tras ser condenado en 2010 a cadena perpetua por los fusilamientos en la Unidad Penitenciaria 1 de San Martín y en 2012, a cincuenta años por la apropiación de 20 menores de 10 años.
Videla: Infancia, juventud y la antesala del Golpe de Estado
Jorge Rafael Videla nació el 2 de agosto de 1925 en Mercedes, a 100 kilómetros de la Capital Federal. Su nombre se lo debe a sus dos hermanos mayores, Jorge y Rafael, quienes murieron sin llegar a conocerlo.
Siguiendo el camino de su padre coronel, ingresó en el Colegio Militar de la Nación el 3 de marzo de 1942 y se graduó el 21 de diciembre de 1944 con el grado de Subteniente de Infantería. Cuatro años más tarde, se casó con Alicia Hartridge y ambos tuvieron siete hijos: dos fueron militares y otro fue diagnosticado como “oligofrénico profundo y epiléptico” e internado en un centro para enfermos mentales, donde lo mantuvieron como un secreto.
Entre 1952 y 1954, cursó la Escuela Superior de Guerra, donde obtuvo el título de Oficial de Estado Mayor. Más tarde, en 1971, fue ascendido a General de Brigada y fue nombrado como director del Colegio Militar por Alejandro Agustín Lanusse, otro de los promotores del Golpe de Estado de 1976.
Para entonces, la inestabilidad del Gobierno de María Estela Martínez de Perón ya había instaurado la sensación de que el levantamiento de los militares era inminente. Por eso, en agosto de 1975, designaron como Comandante en Jefe del Ejército a Videla, quien era “era apolítico, absolutamente profesional y de ninguna manera podría encabezar un golpe”, según iba a declarar más tarde el entonces ministro de Economía, Antonio Cafiero.
Menos de un año después, más precisamente el 24 de marzo de 1976, derrocó a la entonces presidenta Isabelita junto al almirante Emilio Eduardo Massera y al brigadier Orlando Ramón Agosti, con quienes conformó la primera Junta Militar, dando inicio así a uno de los capítulos más sangrientos en la historia argentina.
El rol de Videla en la dictadura y los juicios posteriores
Tras el Golpe de Estado, Videla presidió la Junta Militar durante los primeros cinco años del Proceso de Reorganización Nacional, según insistieron en denominar. Bajo su liderazgo, cerró las sesiones en el Congreso Nacional, disgregó los partidos políticos y llevó a cabo un plan sistemático de persecución y desapariciones forzadas de no solo militantes opositores, sino también artistas, periodistas, estudiantes, profesores y todos aquellos desafiaran las políticas del régimen.
A la represión se le sumó una profunda crisis económica, producto de las decisiones del entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. La inflación anual llegó al 160 por ciento, la deuda externa creció de 7.000 millones de dólares a más de 40.000 millones y los cuatro principales bancos fueron liquidados.
Como consecuencia de la lucha de poderes dentro de las Fuerzas Armadas argentinas y de la inestabilidad social y económica, Videla terminó su cargo presidencial en marzo de 1981 y fue reemplazado por el comandante en jefe del Ejército Roberto Eduardo Viola.
Dos años más tarde, se reestableció el régimen democrático en el país y fue juzgado por los crímenes cometidos durante la dictadura. En el Juicio a las Juntas, fue condenado a reclusión perpetua con destitución, al igual que Massera. Fue encontrado culpable de varios homicidios, al menos 504 privaciones ilegales de la libertad, robos agravados, usurpaciones, extorsión y sustracción de menores, entre otros delitos.
Apenas cumplió cinco años de cárcel, debido al indulto que recibió en 1990 por parte del entonces presidente Carlos Saúl Menem. En 1998 regresó tras las rejas, dado que un juez dictaminó que la apropiación de menores era un crimen de lesa humanidad. Pasó ocho días en la cárcel de Caseros, de la Ciudad de Buenos Aires, y luego se le concedió el arresto domiciliario.
Recién en 2008 perdió el beneficio de cumplir la condena en su departamento en el barrio porteño de Belgrano y fue trasladado a Campo de Mayo. Dos años más tarde, fue condenado nuevamente a prisión perpetua, junto a Luciano Benjamín Menéndez por los fusilamientos en la Unidad Penitenciaria 1 de San Martín. En 2012, recibió una sentencia de 50 años por el delito de secuestro y sustracción de identidad a menores de edad.
Según quedó registrado en el parte médico, falleció a las 6.25 del 17 de mayo de 2013 a sus 87 años, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Su cuerpo sin vida fue encontrado en el inodoro de su celda de Marcos Paz.
