El Estado nacional y la Policía Federal (PFA) deberán pagarle 10 millones de pesos más intereses a dos mujeres que fueron abusadas sexualmente por agentes de esa fuerza cuando eran adolescentes y atravesaban una situación de extrema vulnerabilidad económica y social, informó este martes el Ministerio Público de la Defensa.
Por los hechos, ocurridos entre 2009 y 2011, seis miembros de la PFA y un agente del Servicio Penitenciario Federal fueron condenados a penas de entre siete y 16 años de prisión. En aquella ocasión, el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación (DGN) actuó como querellante a favor de las víctimas.
La inédita condena indemnizatoria fue emitida el pasado 14 de octubre por la titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N°1, Silvina Andrea Bracamonte, que tuvo en cuenta los hechos expuestos en la demanda por la defensora pública oficial ante los Tribunales Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Florencia Plazas.
Según indicaron las fuentes judiciales consultadas, los montos ordenados en esta sentencia no registran antecedentes similares y se fijaron “como reparación del daño moral y psicológico sufrido por las víctimas de esta red de abuso y promoción de corrupción de menores de 18 años, que fue organizada por funcionarios públicos”.
Por pedido de la defensoría y en función de la situación de vulnerabilidad y las características de los daños ocasionados a las víctimas, la suma deberá pagarse en el plazo de veinte días desde que la sentencia quede firme.
Además, entre las medidas que solicitó la defensa pública y fueron incluidas en la sentencia, se encuentran el otorgamiento a las víctimas de una beca integral de estudios en instituciones públicas para que culminen tanto su educación secundaria como luego la universitaria o terciaria, o bien cualquier otro curso de capacitación en un oficio.
Esta medida, que apunta a reparar el daño al proyecto de vida de las dos mujeres, incluye la cobertura integral de sus gastos en transporte y material educativo, señalaron. También como forma de reparación, “el fallo condenó al Estado a implementar y cumplir, en un plazo de ocho meses, programas de capacitación sobre violencia contra las mujeres y perspectiva de género destinados a miembros de la Policía Federal”. El resarcimiento también prevé los gastos futuros para el tratamiento psicológico de las que hoy son dos jóvenes adultas.
Sobre las pericias psicológicas y psiquiatras a las víctimas, la jueza consideró al dictamen como “absolutamente incompletos y desligados de la labor encomendada”. Además, esas pericias habían sido impugnadas por la defensoría por no haber sido desarrollados con perspectiva de género.
