La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena contra el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra por impedir el aborto legal en curso de una joven de 19 años, que había quedado embarazada tras una violación. La defensa del médico había presentado un recurso de queja que fue desestimado por el máximo tribunal del país.
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El ginecólogo fue condenado el 4 de octubre de 2019 por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, con las penas de un año y dos meses de prisión y el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Lo sentenciaron por no haber realizado un aborto no punible a una joven de 19 años que quedó embarazada tras haber sido violada por un familiar en 2017 en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro. La sentencia fue confirmada en todas las instancias, tanto por el Tribunal de Impugnación, en un fallo por mayoría, como por el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro.
En el momento en que el médico atendió a la joven, el aborto estaba permitido bajo determinadas causales, como peligro para la vida y/o la salud de la persona gestante o ante una situación de violencia sexual. Esto sucedió antes de que se sancionara la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el 30 de diciembre de 2020.
El juez Álvaro Meynet dijo que Rodríguez Lastra no estaba incluido en el registro de objetores a la realización de un aborto cuando ocurrió el hecho, el 2 de abril de 2017 en el hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti. El magistrado sostuvo que en todo momento el ginecólogo mantuvo una actitud “negadora de la práctica que se le demandaba a la cual estaba obligado por ley”.
En aquel momento, la joven primero se había dirigido a otro hospital donde habían solicitado la derivación a Cipolletti para interrumpir el embarazo, pero el ginecólogo exigió un informe psiquiátrico, un requisito no establecido en el protocolo de actuación de aborto no punible, por lo que se interpretó como una negación a la asistencia sanitaria.
Al no poder realizarse la práctica médica en un hospital, la joven decidió hacerlo por sus propios medios, consumió pastillas de Oxaprost para provocarse un aborto y finalmente debió ser atendida. Al recibir a la paciente con el proceso de interrupción en curso, el médico no solo no permitió que el aborto siguiera, sino que lo obstruyó, al suministrar determinada medicación que inhibía las contracciones que la joven tenía. Luego, la joven permaneció dos meses y medio internada en Cipolletti a la espera de que se efectúe la interrupción del embarazo, la cual finalmente nunca llegó.
