El vídeo se viralizó hace algunos días en las redes sociales y causó la indignación popular. Cuatro hombres se filmaron mientras le disparaban a una manada de jabalíes desde un helicóptero en el interior de la provincia de Buenos Aires. Las imágenes son tan impactantes como reprochables, y la justicia actuó de oficio.
Fueron dos los videos que grabaron estos jóvenes. El primero lo filmaron desde el helicóptero, y la cámara enfocaba la escopeta del hombre disparándole al jabalí que corría por su vida. “¡Eso!”, se escucha de fondo que uno de los individuos le grita a su compañero a modo de aliento tras cada disparo. Las risas también acompañan la acción. En el final, uno de ellos le sonríe a la cámara.
Pero no contentos con esos, estas cuatro personas decidieron ir por más y se grabaron en otra situación aún peor. Ya con uno de los jabalíes heridos por los disparos desde el helicóptero, uno de los individuos lo agarró por detrás. “¡Dame el cuchillo, vení!”, le ordena a otro de los hombres mientras sostiene con sus manos por las orejas al animal.
“Esto fue una buena ‘cazada’ de chancho y ahí lo tienen, listo, apuñalado. Te digo que el susto fue bueno, pero la experiencia fue divina”, dijo uno de los hombres. Pero ni el tiempo los hizo reflexionar, y uno de ellos redobló la apuesta: “Pido disculpas si este vídeo hace que algunos de ustedes se sientan incómodos, al mismo tiempo que estoy emocionado de que mi envío de carne llegue a Albuquerque”.
Matanza de jabalíes: intervención de la justicia federal
La viralización de los vídeos a través de las redes sociales le dieron la posibilidad a la Justicia Federal de actuar de oficio. Pero, a diferencia de lo que se podía pensar a priori, no por el maltrato animal, sino por violar el código aeronáutico. El artículo 219 indica que los únicos que pueden utilizar armas de guerra en un vuelo son las naves de guerra.
La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Trenque Lauquen fue la que tomó las riendas del operativo por pedido de la Fiscalía Federal Pehuajó, a cargo de María Mac Intosh, y el juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio. Aún no se confirmó la ubicación donde sucedió el delito, pero se cree que es la localidad de Hipólito Yrigoyen.
Según la información oficial, se realizaron seis allanamientos en las ciudades de Bolívar y Benito Juárez, las localidades en las que viven los cuatro hombres identificados en los videos. En los allanamientos se produjo el secuestro de las armas, telefonía y se embargó por $2.000.000 el helicóptero Robinson modelo R44, matrícula LV-FUN, que fue trasladado al depósito autorizado por la ANAC.
Los imputados fueron notificados de la formación de la causa en la Justicia Federal, pero no quedaron detenidos, ya que el delito del que se los acusa tiene una pena menor a dos años de prisión, por ende, es excarcelable.
