La justicia de Río Negro absolvió a una mujer salteña que hace dos años fue detenida cuando transportaba 2,7 kilos de cocaína en la frontera con Chile para pagarle una cirugía de alta complejidad a su hijo. El fallo consideró su estado de extrema necesidad y vulnerabilidad social y que además es el sostén económico y social de su familia.
Nora C. fue detenida el 1 de febrero de 2019 en el paso fronterizo Cardenal Samoré durante un operativo antidrogas. Había salido rumbo a Chile en un ómnibus desde Bariloche, a donde previamente había llegado desde Salta.
La mujer fue arrestada con cuatro ladrillos de cocaína adosados a su cuerpo y procesada por tráfico de estupefacientes. Sin embargo, el 8 de julio pasado, el fiscal general desistió de acusarla porque actuó “bajo un estado de necesidad justificante al verse obligada a transportar estupefacientes en su cuerpo para posibilitarle a su hijo el acceso a un adecuado tratamiento médico”.
El fiscal general, Miguel Ángel Palazzani, y el defensor federal oficial, Gerardo García, presentaron el acuerdo alcanzado en un juicio abreviado al juez federal Orlando Coscia, quien finalmente lo homologó, informó el diario de Río Negro.
El magistrado absolvió a la mujer, de 63 años, y ordenó su inmediata libertad. Nora C. estaba alojada en la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria Preventiva Ezeiza.
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Qué dice el fallo
En su resolución, el juez Coscia mencionó el nuevo Código Procesal Penal Federal, que establece que “los jueces y los representantes del Ministerio Público Fiscal procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”.
Según el periódico, se tuvo en cuenta “la condición de víctima (estructural)” de la mujer “ante la falta de acceso oportuno a los bienes económicos, culturales y sociales”.
La fiscalía dijo que retiró la acusación “toda vez que tiene por acreditado un estado de necesidad justificante en base a la situación de vulnerabilidad que atravesaba y la necesidad de brindar una solución urgente y apremiante al problema de salud que padecía y aun padece su hijo”.
La mujer, según afirmó, se encuentra en un “contexto de vulnerabilidad y de extrema necesidad” y pertenece “a un sector socialmente desfavorecido”. Además dijo que se hallaba en una situación “desesperante” y de extrema necesidad “ante la imposibilidad económica de hacer frente a una cirugía de alto riesgo que necesitaba su hijo y la presión que recaía sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de su familia”.
“Frente a esta situación, terceras personas, abusando de su situación de extrema vulnerabilidad, la utilizaron para transportar material estupefaciente y de esta manera permitirle obtener el dinero necesario para que su hijo reciba adecuada atención médica”, afirmó el fiscal. Según el diario El Cordillerano, la mujer había traído la droga desde Bolivia.
En su sentencia, divulgada por el periódico rionegrino, Coscia destacó que el fiscal general había considerado que “una decisión judicial que carezca de perspectiva de género es inadmisible a la luz de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional con relación a la protección de las mujeres”.
