El frente de la casa de Rojas está cubierto por su foto y carteles que reclaman justicia. No hace falta tener la dirección exacta para saber que acá vivió Úrsula Bahillo. Hay uno grande pintado en lona y muchos de papel común que se mojan cada vez que llueve. Su madre, Patricia Nasutti, los repone constantemente. Los prepara de noche en el suelo del living en el espacio que quedó libre entre el sillón y la moto que usaba su hija, ahora estacionada adentro y tapada con una sábana. Patricia pinta carteles cuando no duerme, les hace agujeros prolijos para que resistan al viento y se lastima los dedos dando martillazos para ajustar los palos a cada extremo. La acompaña un caniche al que le miente que Úrsula está de viaje. Dice que el perro la espera.
La casa también se puede reconocer por los autos que están en la puerta: uno es de la custodia de la Policía Federal. Desde el Poder Ejecutivo consideraron que debían ser cuidados. El otro es del papá de Úrsula y tiene las marcas de los 52 disparos de goma que salieron de la comisaría la noche que encontraron el cuerpo de su hija. Adolfo Bahillo lo había dejado estacionado ahí y volvió a buscarlo después de la protesta en la que él no participó. El asesino de su hija había trabajado en esa comisaría hasta el femicidio el 8 de febrero. Tenía denuncias previas por violencia, una sospecha de abuso, órdenes de restricción y hasta un llamado a indagatoria. Pero Matías Ezequiel Martínez seguía libre en las calles de la ciudad bonaerense de Rojas, apenas con una licencia psiquiátrica. A Úrsula no le dieron medidas de protección ni botón antipánico. Para el oficial de la bonaerense fue sencillo matarla.
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Cuando finalmente se acuesta, siempre de madrugada, Patricia apoya en la almohada una batita que fue de su hija cuando era bebé. La esperó 10 años, se sometió a varios tratamientos y estuvo internada durante todo el embarazo hasta el día del parto. Úrsula era su única hija. “Voy por la reclusión perpetua, que no salga más. Por eso me levanto todos los días”, asegura. Montó en su casa varios altares y recibe seguido llamados del Papa Francisco. Patricia es catequista hace 24 años, cuenta que al Papa lo conocía de antes. Después del crimen conoció a más gente: primero Sergio Berni, después Axel Kicillof, hasta el presidente Alberto Fernández. “A mí no me interesa la política, me reúno con cualquiera que pueda ayudarme y para que esto no pase nunca más”, dice.
Tres meses después del crimen la justicia le devolvió el teléfono de su hija. Esperaba encontrarlo vacío pero el contenido estaba intacto: chats en los que Úrsula pidió auxilio, fotos que se sacó para documentar los golpes de su expareja. Patricia y su marido supieron de la violencia recién el 9 de enero: un amigo de su hija los buscó en el negocio familiar y les contó lo que Úrsula no les decía. Patricia fue a buscar a Martínez, se presentó también en la comisaría. Las denuncias que no le tomaron se suman, patéticas, a la pila de pedidos que hizo la víctima antes de un crimen anunciado y absolutamente evitable.
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Patricia dejó de comer. Desde el femicidio de Úrsula en febrero perdió 38 kilos. “Y seguiré adelgazando, no sé”, dice desde la cocina de su casa. Avisa que se siente débil, pero afuera la esperan amigos de su hija para ir a poner carteles nuevos. En la calle, Patricia tiene una fuerza nueva: despliega la lona, da indicaciones, corta el alambre y usa ella el martillo. Recién cuando termina vuelve a parecer frágil, pero no quiere llorar en público. “Me pongo mal porque los carteles se quedan acá y yo tengo que volver a casa. Le pido perdón a mi hija por dejarla acá, colgada”.
