Un escándalo se desató este viernes en la ciudad salteña de Tartagal luego de que se conociera la denuncia contra un médico que pedía dinero o sexo a cambio de realizar abortos. Esto a pesar de que el profesional de la salud es “objetor de conciencia”, algo por lo cual puede negarse a realizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Una colega de este doctor que trabaja en el Hospital Juan Domingo Perón de la mencionada ciudad salteña fue la que realizó a mediados de 2020 la denuncia ante la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género local. En la misma aseguró que el acusado solicitaba 20 mil pesos o encuentros sexuales a cambio de llevar a cabo interrupciones del embarazo.
En uno de los casos, la chica a la que el médico especialista en gineco-obstetricia le hizo el “ofrecimiento” tenía apenas 15 años. Tras esto también se conoció otro caso de similares características sufrido por una joven de 31 años.
Fuentes sanitarias confirmaron que ya está lista la notificación del pedido de descargo contra el médico acusado, del cual por ahora se reserva el nombre porque no se sabe si existe una imputación por parte de la fiscalía.
La notificación del centro de salud todavía no llegó a su destinatario porque el médico denunciado se encuentra de licencia por razones de salud, aunque tampoco fue ubicado en su domicilio particular. Este último paso es necesario para abrir un sumario administrativo en su contra según publica Página 12.
En la denuncia original se relata que el 7 de julio pasado una adolescente de 15 años con un embarazo no deseado de tres meses fue atendida en el Centro de Salud Madres de Plaza de Mayo. Durante la consulta la menor se puso a llorar y le contó a la profesional que la atendió que un médico (que trabaja en el Hospital Perón pero también en una clínica de Tartagal) al que visitó en su consultorio privado le había ofrecido interrumpir su embarazo a cambio de 20 mil pesos o “tener sexo con él tres veces por semana”.
La denuncia añade que el médico acusado le hizo un examen físico a la chica, que se presume un abuso sexual, ya que además de tocarla en distintas partes de su cuerpo ordenó una serie de prácticas médicas no indicadas en el contexto clínico.
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En una nota enviada a la gerencia del mencionado hospital, las profesionales de la salud señalaron: “El legrado no se recomienda como práctica de interrupción del primer trimestre en nuestra legislación”. Por este motivo es que la médica que atendió y escuchó el crudo relato de la adolescente dispuso el tratamiento con misoprostol.
En el centro de salud público de Tartagal solo dos médicas realizan las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) autorizadas por el Congreso a fines de 2020, mientras que el resto del personal médico se comporta como “objetor de conciencia”, entre los cuales se encuentra el denunciado.
