El gobierno de Chubut quiere habilitar la explotación minera a cielo abierto en la meseta central de la provincia, pero enfrenta una dura oposición de vecinos autoconvocados y ambientalistas en un conflicto que derivó en la suspensión de la sesión legislativa extraordinaria que debía tratar este proyecto impulsado por el gobernador Mariano Arcioni.
En ese contexto, la Mesa de Coordinación Técnica sobre Zonificación Minera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del Conicet advirtió en un extenso informe que “las principales reservas comprobadas de agua subterránea” de la provincia, como los acuíferos de Gastre y Sacanana, “se encuentran en los departamentos donde se quiere habilitar la explotación a cielo abierto de minerales metalíferos”.
“En un escenario de aumento en la frecuencia de lluvias extraordinarias y avance de la desertificación, la megaminería introduce un nuevo factor de riesgo frente a recursos de por sí vulnerables”, alertó el organismo.
El reporte, titulado “Zonificación minera en Chubut: una mirada interdisciplinaria”, indicó que “la vulnerabilidad de un recurso tan valioso como el agua en contextos de cambio climático, desertificación, expansión y aumento de la población, debe estar evaluado por estudios transdisciplinares previos a cualquier innovación de intervención antrópica en la región”, como por ejemplo en la “explotación a cielo abierto de minerales metalíferos”.
El conflicto
La sesión legislativa extraordinaria para tratar la zonificación minera, impulsado por el gobernador Arcioni, se suspendió el viernes pasado, aunque los diputados de la comisión que tiene a su cargo el proyecto que avalaría la introducción de la megaminería en el territorio provincial continuará con el análisis del plan.
La sesión se suspendió porque la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales no consiguió la cantidad de votos necesarios. El proyecto pretende autorizar la actividad productiva en los departamentos de Telsen y Gastre, en la meseta central de Chubut.
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La suspensión de la reunión coincidió con distintas manifestaciones celebradas en varias provincias, así como en la Ciudad de Buenos Aires, para respaldar la movilización de los vecinos, nucleados en la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses, contra el proyecto minero oficial
En Chubut rige una ley de 2003 que prohíbe la explotación minera a cielo abierto. Sin embargo, la provincia nunca realizó un mapa de zonificación que debía fijar las zonas donde estaría permitida esta actividad.
Actualmente hay dos proyectos vinculados a la minería con estado legislativo en la provincia, uno impulsado por el gobernador y otro que ingresó a través del mecanismo de iniciativa popular.
Qué dice el informe del Conicet
El informe del Conicet advirtió además que “la dependencia del Estado de los capitales privados e intereses mineros sobre una estructura preexistente de gobernanza débil y fragmentada de los recursos naturales genera desconfianza y preocupación. Esta situación no se revertirá con la creación de observatorios, centros de gestión y mesas de desarrollo fragmentarios y sin autarquía como las que se proponen en el proyecto de Ley” impulsado por la provincia.
El reporte detalló una serie de reparos a la iniciativa y alertó que estos señalamientos “motivan a que planteemos el retiro de dicho proyecto de su tratamiento en la Legislatura Provincial”.
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“La megaminería, como parte de su modelo de producción, pone en superficie grandes fracciones de roca molida que pueden impactar muy negativamente en el ambiente. Se trata de grandes cantidades de sedimentos acumulados de manera artificial, deja expuestos concentraciones anómalas de minerales y pone en superficie altas concentraciones de materiales, como ocurre en los diques de cola. Estos representan una amenaza de contaminación ya que pueden desbordarse, romperse y/o filtrar sus materiales como ya ha pasado en diversas ocasiones”, indicó.
Planteamos el retiro del proyecto de su tratamiento en la Legislatura Provincial
Y añadió: “Frente a eventos extraordinarios de precipitaciones estos riesgos aumentan y con ellos las probabilidades de que los contaminantes, entre ellos metales pesados, allí contenidos, sean transportados hacia los cauces de agua que se activan temporalmente y se infiltren hacia los acuíferos. Por tal motivo, esta actividad aumenta las probabilidades de contaminación del agua superficial, subterránea y de los suelos”.
Potenciales amenazas
En ese contexto, alertó, “la megaminería representa a un escenario de amenaza frente a un sistema ambiental vulnerable que cobra especial relevancia cuando se trata de una provincia donde los recursos hídricos superficiales son escasos. Las reservas hídricas, como los acuíferos de las cuencas de Gastre y Sacanana, son recursos cuya calidad no se debería poner en riesgo, ya que representan alternativas de uso para las generaciones futuras”.
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El documento aseguró que “en ningún artículo del proyecto (oficial) se asigna responsabilidad e injerencia concreta a organismos del Estado ni a espacios multisectoriales ad-hoc para ejercer funciones de contralor y/o garante del bienestar integral de las poblaciones potencialmente afectadas por los emprendimientos”.
Además, advirtió que “no se sabe si el proyecto regula relaciones interculturales con los pueblos originarios, de manera específica, o con cualquier otra forma de “comunidad”.
La respuesta del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas
En un duro comunicado titulado “Miente, miente que algo queda”, el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas desmintieron tajantemente el reporte del Conicet. “Rechazamos cada una de las falaces aseveraciones que señala el documento”, se lee en el escrito. “La moderna Industria Minera deja más del 90% del valor de las exportaciones a la provincia y al país. Es la suma de los costos operacionales, la fabulosa red de proveedores locales y sus trabajadores, las regalías y los fondos fiduciarios para desarrollos económicos de todo tipo, los impuestos provinciales y nacionales, todo eso que se puede tener y que un panfleto ideológico pretende malograr”.
