Tras la muerte del paciente con coronavirus al que un juez ordenó administrarle dióxido de cloro, los familiares del hombre y los médicos del Sanatorio Otamendi, donde estuvo internado, hicieron denuncias cruzadas para establecer responsabilidades por el hecho. Mientras que los primeros apuntan contra el centro de salud por demorar la aplicación del tratamiento, los profesionales de la institución responsabilizan a la Justicia por haber habilitado el uso de una sustancia que no está autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
// Coronavirus | Murió el paciente al que le administraron dióxido de cloro
En diálogo con TN, el abogado de la familia del paciente, Martín Sarubbi, sostuvo: “Entendemos que el Sanatorio Otamendi en principio incurrió en el delito de desobediencia y además, posiblemente, en el de homicidio culposo. En virtud de ello, estamos radicando la denuncia y constituyéndonos como querellantes a efectos de que el fuero penal establezca las responsabilidades del caso y determine las causales de fallecimiento”.
De acuerdo con el letrado, al hombre de 92 años, identificado como Oscar Jorge García Rúa, se le administró de manera tardía el dióxido de cloro a pesar de la orden emitida por el juez federal subrogante Javier Pico Terrero. Frente a la renuencia inicial por parte de la institución, explicó que su socio, el doctor Buranello, tuvo que ampliar el recurso de amparo para que se realice la práctica médica.
Sarubbi también acusó al Otamenti de negarse a aportar información sobre el caso. “A raíz de eso, vamos a pedir la realización de una autopsia y que se ordene un allanamiento y el secuestro de la historia clínica”, anticipó. Y agregó: “Entendemos que la demora (en el tratamiento) terminó provocando la muerte (de García Rúa) a raíz de una infección intrahospitalaria”.
Sin embargo, los doctores del Sanatorio Otamendi defienden su postura en contra de la administración del dióxido de cloro, que llevó a la institución a apelar el fallo de la Justicia en un primer momento. El criterio fue respaldado por distintas sociedades médicas y científicas, que afirmaron que “el producto no tiene ninguna evidencia para ser utilizado como droga de tratamiento”.
En esa línea, el abogado Vadim Mischanchuk denunció al juez Terrero por haber autorizado el uso de la sustancia. En declaraciones a TN, detalló: “Lo que pido es que se investigue la conducta desplegada por el magistrado al ordenarle a un grupo de médicos que aplique un pseudotratamiento que no tiene la aprobación ni de la Anmat ni del Ministerio de Salud”.
Y agregó: “Yo no desconozco la declaración de Helsinki, que habla sobre el uso compasivo (de medicamentos), pero hay que cumplir algunos requisitos. Yo quiero que se investigue si estos requisitos se cumplieron previo a que el juez ordene esa medida compulsiva para los profesionales del Sanatorio Otamendi”.
En este contexto, la Anmat volvió a recomendar este martes no consumir productos que contengan dióxido de cloro o sustancias relacionadas. En un un comunicado, recordó que “no hay evidencia científica sobre su eficacia y el uso de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos”.
