La Ciudad de Buenos Aires recibió más de 3.000 llamados telefónicos por violencia de género este año, mientras se informó que durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) hubo un aumento de las denuncias del 53% respecto al año pasado.
Según se explicó oficialmente, a más de nueve meses de que comenzaran las medidas para prevenir el contagio del coronavirus hay una tendencia que se mantiene: los llamados a la Línea 144 que asesora y contiene de manera confidencial y gratuita a mujeres víctimas de violencia de género, siguen en alza.
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Si bien entre enero y octubre de este año se recibió la misma cantidad de llamadas que en todo 2019, al mismo tiempo se indicó que si se compara solamente el período de aislamiento y distanciamiento, el crecimiento es del 53% año contra año y esa tendencia muestra una alarmante suba durante los meses de mayor aislamiento.
“Cuando entra un llamado a la línea es la primera escucha, la posibilidad de que la persona se exprese. Puede ser con un llanto, con un momento de angustia o situaciones más tranquilas donde las personas hacen consultas con respecto a la problemática de la violencia por motivos de género”, detalló Emilia, consultora psicológica y operadora social de la Línea 144 desde 2014 y que trabaja en la Dirección General de la Mujer hace casi 10 años.
La especialista en la temática sobre violencia de género agregó: “La intención es que la mujer no se sienta sola a partir de que ingresa a la línea. Que sepa que hay un operador a disposición, una escucha permanente las 24 horas ante cualquier situación y que la vamos a acompañar en lo que necesite”.
Fuerzas de seguridad con restricciones
El gobierno nacional facultó este jueves a la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad para que las fuerzas procedan a la “restricción de la portación, tenencia y transporte del arma” al personal en los casos en que exista denuncia por violencia de género o intrafamiliar. Las restricciones podrán ser “preventivas o con medida cautelar”.
Se considerará el primer caso cuando “aún no mediando medida cautelar dictada por la autoridad judicial competente, y luego de la evaluación en concreto de una o más denuncias ingresantes por cualquier vía a la Dirección Nacional de Políticas de Género, sugieran que el arma de dotación pueda representar un riesgo inminente para la víctima”.
Además, “intervendrá una Junta de Reconocimientos de Médicos a fines de evaluar el estado psicofísico del personal denunciado, como así también su aptitud para la portación de armamento”.
En tanto, se considerará la modalidad “con medida cautelar” cuando “el personal se viera alcanzado por alguna de las medidas dispuestas por los artículos 26 de la Ley Nº 26.485 y/o 4º de la Ley 24.417”, precisa la resolución. En este caso la restricción podrá ser “total o parcial”.
Será total “ante la valoración de un caso grave como abuso sexual o tentativa de abuso sexual, lesiones graves, intento de homicidio/femicidio, y cuando el personal denunciado se encuentre detenido a disposición de la justicia ante la posible comisión de un ilícito”, entre otras.
En cambio la restricción será parcial cuando “permite a la persona afectada por la medida utilizar el arma de dotación solamente durante la jornada laboral, debiendo depositarla en la armería de su destino al culminar la misma”.
