Trabajadores del Banco Supervielle, donde cobran prestaciones un millón de jubilados y pensionados, convocaron este miércoles dos paros a raíz de un conflicto sindical. Las medidas de fuerza están previstas para los días 22 y 29 de diciembre y se desarrollarán a nivel país con “modalidad y duración a definir”.
De acuerdo con el delegado general del Banco Supervielle, Alberto Castano, el cese de actividades será en respuesta a las “violaciones de derechos laborales” por parte de la entidad crediticia y tendrá el apoyo de las comisiones gremiales de todo el territorio nacional.
“Estamos seguros de contar con la comprensión de nuestras compañeras y compañeros jubilados, pues siempre estuvimos con ellos, nunca les fallamos”, señaló Castano.
La medida de fuerza se determinó luego de una fallida reunión virtual entre dirigentes de la Asociación Bancaria y representantes del Banco Supervielle que se llevó a cabo el martes en el Ministerio de Trabajo.
El encuentro buscó poner fin al prolongado conflicto entre los trabajadores y la entidad financiera por la presunta falta de cumplimientos empresariales. En ese sentido, la Asociación Bancaria detalló que los empleados sufrieron “todo tipo de presiones e inclusive maltratos” durante la pandemia de coronavirus; que se les adeuda dinero y que “sufren absorciones salariales que no corresponden, falta de reconocimiento de las categorías de convenio e incumplimiento de la legislación vigente en materia de licencias”.
Entre otras cuestiones, la Asociación Bancaria también denunció la “liquidación fraudulenta del plus vacacional, la imposibilidad a veces hasta de consultar sus recibos de sueldo debido a fallas permanentes en el sistema” y el “pago dilatorio” de un bono para el personal.
Sin embargo, la empresa fue tajante en su respuesta. “Negamos la veracidad de los incumplimientos expuestos, que no hacen más que tratar de justificar las medidas que está anunciando la entidad gremial”, sostuvo.
Y agregó: “Sin perjuicio de lo cual y en aras a la paz social ha intentado y lo sigue intentando llegar a un acuerdo con la entidad gremial tendiente a despejar cualquier duda futura respecto de la composición del bono, que ha tenido significativos avances”.
Frente a esta situación, en el acta redactada al finalizar esa reunión, los representantes gremiales anticiparon que adoptarían las “medidas de acción necesarias para que se revierta esta situación donde se viola el orden público laboral”.
También cuestionaron la “inacción del Ministerio de Trabajo” y señalaron a la Anses como co-responsable de las condiciones laborales en los centros de pago a jubilados.
El acta de la reunión
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