El Tribunal Oral Federal Nº 5 empezó a juzgar por vía remota a dos represores, Jorge “El Tigre” Acosta y Alberto González, por delitos sexuales contra tres mujeres detenidas ilegalmente en la ESMA durante la última dictadura.
Los abusos ocurrieron en forma reiterada durante 1977 y principios de 1978, y los exmilitares están imputados por violación, abusos sexuales, manoseos, tocamientos, violencia sexual y abusos psicológicos. Las víctimas lograron sobrevivir a las torturas en el centro clandestino de detención más grande que funcionó en la Ciudad de Buenos Aires.
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La violencia sexual fue un aspecto más de la represión que la última dictadura militar ejerció sobre miles de víctimas, pero durante mucho tiempo estuvo diluida dentro de la figura de otro delito: “tormentos”.
Desde hace unos años, diversos tribunales del país empezaron a considerar a los delitos sexuales como crímenes contra la humanidad. Y desde entonces se los juzgó como delitos autónomos.
Diferentes fallos judiciales demostraron que los abusos, las violaciones y los tocamientos fueron una práctica extendida en la mayoría de los centros clandestinos.
El TOF Nº 5, encargado de juzgar a Acosta y González, está integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñíguez.
Acosta, que se desempeñó al frente del centro clandestino de Núñez desde 1976 hasta fines de 1978, fue condenado a prisión perpetua en las Megacausas ESMA 2 y 3 y fue sentenciado a 30 años de prisión por su responsabilidad en el plan sistemático de robo de bebés.
Otros juicios contra represores
Este nuevo juicio por los crímenes de la ESMA se suma a otro proceso oral en marcha (ESMA IV), que empezó en agosto de 2018, lleva más de dos años de audiencias y juzga privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los marinos. En ese otro tramo, se analizan los casos de 816 víctimas y se juzgan a nueve imputados.
A su vez, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 419 víctimas en los centros clandestinos de detención conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno.
La causa por el Pozo de Banfield y Quilmes investiga los delitos sufridos por 419 víctimas, tiene 19 imputados y se prevé que declaren unos 400 testigos.
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El Infierno, que funcionó en la Brigada Lanús, tiene cuatro imputados, entre ellos el multicondenado represor Miguel Etchecolatz, quienes llegan acusados de crímenes contra 62 víctimas de secuestro, torturas y violencia sexual.
Etchecolatz, de 91 años, estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978, y fue condenado en seis juicios: en cuatro de ellos recibió prisión perpetua.
Por su estado de salud se le otorgó la prisión domiciliaria en dos de las causas penales, aunque la Corte Suprema de Justicia le revocó este beneficio hace dos años.
