Manuel Urriza, catedrático cercano ideológicamente al kirchnerismo, fue elegido presidente del Consejo de la Magistratura por el período de un año. En tanto, el titular saliente, el camarista laboral Mario Fera, fue elegido vicepresidente del cuerpo por el mismo término. La votación se inclinó a favor de Urriza y Fera por siete votos a cinco.
Entre quienes apoyaron al nuevo presidente estuvieron los cinco integrantes del kirchnerismo -Hernán Ordiales, Carlos Moreno, Ada Iturrez, Stella Maris Córdoba y Marcelo Fuentes- más el propio juez Fera y Urriza, quien invocó el reglamento vigente para sufragar por sí mismo.
Por la postulación del camarista en lo Civil y Comercial Federal Ricardo Recondo votaron los consejeros Mario Cimadevilla, Alejandro Fargosi, Daniel Ostropolski, Alejandro Sánchez Freytes y el propio Recondo, ex presidente de la Asociación de Magistrados y de marcado perfil opositor al kirchnerismo.
También fueron elegidos el diputado Moreno para continuar al frente de la Comisión de Disciplina y la legisladora Córdoba, ambos del kirchnerismo, en la Comisión de Selección de magistrados. Tras la elección de sus principales autoridades el cuerpo pasó a cuarto intermedio para resolver la designación de autoridades de las comisiones.
En el orden del día también figuraba el tratamiento de expedientes postergados desde el año pasado, entre ellos la situación de la jueza de instrucción Alicia Iermini, acusada de mal desempeño por las demoras en la causa por la privación ilegal de la libertad y posterior muerte de Walter Bulacio en 1991, tras un recital de los Redonditos de Ricota.
No obstante, esos temas quedaron postergados para el próximo plenario ya que los consejeros pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo 16 de febrero. A instancias de un proyecto del Gobierno de Néstor Kirchner, el Consejo fue reformado en 2006 y su integración pasó de 20 a 13 miembros.
En ese marco se dispuso eliminar la participación del Presidente de la Corte Suprema como titular del Consejo y se achicaron las representaciones de abogados, jueces y académicos. La nueva integración tuvo mayoría de integrantes del sector político -siete sobre 13-, y principalmente del oficialismo, que posee cinco representantes, lo que fue criticado por la oposición y sectores de la Justicia.
