El juez Julián Ercolini decidió procesar a Cristina Kirchner y le ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos. La expresidenta está acusada de liderar una asociación ilícita destinada a direccionar la entrega de obras públicas viales al grupo del detenido empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones. También fue procesada por administración fraudulenta agravada.
// Ercolini procesó a Cristina por asociación ilícita y ordenó un embargo por $10.000 millones
Según la denuncia de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, hubo durante el kirchnerismo una "matriz de corrupción" que contaba con la decisión del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos a Báez. "Paralelamente, éste les garantizaba a los Kirchner ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros", señalaron los funcionarios judiciales en su acusación.
Los fiscales aseguraron que para poder hacer estas maniobras tanto Néstor como Cristina colocaron a personas de su extrema confianza en cargos clave del Ejecutivo y del ministerio de Planificación Federal. Muchos de ellos, fueron también procesados y embargados.
Procesados y embargados por $ 10 mil millones
El juez dio por probado los hechos contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Santiago Kirchner y Lázaro Báez. Los acusa de haber formado parte de una asociación que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz.
Julio De Vido. En su dictamen, el juez entendió que en su carácter de ministro de Planificación, De Vido "habría perjudicado los intereses confiados al adoptar decisiones económicas y administrativas, en inobservancia de los deberes inherentes a su cargo”. También, “habría omitido controlar la actividad de las dependencias que se encontraban bajo la órbita del ministerio a su cargo, función que le era inherente en razón de sus competencias funcionales".
José López, exsecretario de Obras Públicas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, incumplió "su deber de intervenir en todo lo inherente a la Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado del ámbito de su competencia". López está detenido desde junio cuando fue atrapado infraganti al intentar esconder bolsos con casi nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez y está acusado de lavado de dinero por esa causa.
Nelson Guillermo Periotti, extitular de Vialidad Nacional. El juez lo procesó y embargó por "violar su deber de administrar y cuidar fielmente los fondos otorgados a la dirección a su cargo a través de las leyes nacionales de presupuesto, los decretos de necesidad y urgencia, las reasignaciones de partidas presupuestarias de los jefes de Gabinete, del ministro de Planificación Federal y de las propias”. Además, según el escrito de Ercolini, “habría omitido la supervisión y homologado expresamente mediante el dictado de resoluciones, los irregulares procesos llevados a cabo en la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz".
El primo de Néstor, Carlos Santiago Kirchner, que fue subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal de la Secretaría de Obras Públicas del ministerio de Planificación Federal entre julio de 2005 y diciembre de 2015 está acusado de incumplir sus deberes. Entre ellos "la coordinación entre las distintas áreas dependientes de la Secretaría de Obras Públicas y los entes descentralizados, en materias vinculadas con obras de infraestructura vial integral; y la aprobación y control del efectivo cumplimiento de los proyectos, programas, planificación territorial de la inversión pública, planes y acciones que llevaren adelante".
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Según entendió Ercolini, todos los delitos por los que fueron acusados los exfuncionarios kirchneristas "habrían sido cometidos con el objeto de procurarle al empresario Lázaro Báez un lucro indebido, en perjuicio de las arcas del Estado nacional".
Se presume que el dueño de Austral Construcciones, detenido en la causa que investiga la ruta del dinero K, devolvía ese dinero a los Kirchner de manera ilícita a través de los negocios inmobiliarios de la familia K.
El juez dio que el empresario montó y aportó “la estructura societaria necesaria para hacer confluir en aquélla los fondos del Estado nacional que fueron asignados a la obra pública vial quienes le habrían procurado un lucro indebido al asignarle -de forma irregular- la mayoría de las obras viales contratadas” en Santa Cruz.
El escrito detalla cómo Báez se convirtió en empresario y dueño de Austral Construcciones días antes de que Néstor asumiera la presidencia, en mayo de 2003.
Otros funcionarios procesados y embargados
También fueron procesados y embargados con un monto menor:
Osvaldo Daruich y Mauricio Colladera, jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad quienes, según entendió Ercolini “realizaron un aporte imprescindible en la maniobra destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.
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Por su parte, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe y Raúl Gilberto Pavesi extitulares de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz entre octubre de 2005 y marzo de 2006, marzo de 2006 y diciembre de 2007 y diciembre de 2007 al 28 de febrero de 2013, respectivamente incumplieron sus deberes al haber intervenido en procesos de licitación en los que se asignó obra pública vial a Báez prese a “múltiples irregularidades”.
José Raúl Santibáñez, ocupó el mismo cargo que los anteriores funcionarios entre el 28 de febrero de 2013 y el 9 de diciembre de 2015 y se lo acusa de “permitir que las empresas de Báez no cumplieran con los términos que se estipularon en la mayoría de los contratos de obra pública vial, lo que habría generado que el Estado debiera pagar sumas de dinero por encima de los montos que correspondían”.
Falta de mérito para Fatala
El magistrado dictó además la falta de mérito a otras cinco personas, entre ellas el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala.
Ercolini entendió que el desempeño de sus funciones se ajustaron a las que debían realizarse en su cargo. Sin embargo, ordenó nuevas medidas de prueba como la declaración de otros testigos “que traigan la luz sobre aquellos puntos que, a mi juicio, los imputados han logrado desvirtuar a través de sus dichos”.
