El senador kirchnerista, Marcelo Fuentes, presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el juez Claudio Bonadio, quien investiga a la empresa Hotesur, pertenenciente a Cristina Kirchner.
La denuncia está originada en lo tweets de la presidenta y en las diversas noticias periodísticas publicadas ayer, mediante las que se tomó conocimiento público de que el magistrado tendría una participación accionaria (20%) en la firma “MANSUE S.A.”, dedicada a la venta de combustible.
Según se especifica en la denuncia, Bonadío no podría formar parte de la sociedad respectiva toda vez que el reglamento para la Justicia nacional no le permite a los magistrados ejercer el comercio o actividad lucrativa alguna sin autorización de la autoridad de superintendencia, en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Asimismo, en la presentación se destaca que de acuerdo a las noticias que tomaron estado público, la firma en la que es accionista Bonadio no habría presentado ante la Inspección General de Justicia (IGJ) los balances correspondientes a los años 2012 y 2013, y que al desconocerse por ende el estado financiero de la empresa, tampoco resulta posible efectuar un certero y completo análisis de la evolución patrimonial del magistrado.
A esto se suma además que Fernando y Alejandro Climent tendrían como actividad el asesoramiento de sociedades anónimas y que participarían junto a Carlos Alberto Bonadio en otra empresa denominada “GAS LANUS S.A.”, que al igual que “MANSUE S.A.” se dedicaría a la venta de combustible.
Por todo esto, el legislador solicita que se lleve adelante una profunda investigación en relación a la evolución patrimonial de Bonadio a efectos de determinar si pudo haber existido un incremento no justificado en su situación económica.
La denuncia de Fuentes solicita, entre otras medidas, que se le dé intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) frente a la posible comisión del delito de lavado de dinero.
