Después de la polémica por la denuncia de los aportantes truchos durante la campaña bonaerense de Cambiemos en 2017, el Gobierno nacional presentará ante el Congreso de la Nación un proyecto para modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos que prevé la bancarización del régimen de aportes. El mismo fue elaborado a partir del diagnóstico de especialistas, integrantes del Poder Judicial y representantes de entidades partidarias.
Entre los principales puntos, la iniciativa busca eliminar la posibilidad de hacer donaciones en efectivo y, con ello, que el dinero no quede registrado. También se habilitará a las personas jurídicas, como las empresas, a hacer aportes de hasta el 2% sobre el total de los gastos del partido.
Mientras tanto, se creará la figura de los Responsables Económicos-Financieros. La norma propone que uno de ellos sea un contador público matriculado y, el otro, una autoridad partidaria, para que lleven adelante la aplicación de la ley.
“Es un proyecto en el que venimos trabajando hace más de un año”, afirmó el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Adrián Pérez.
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“Estos son los puntos que tienen mayor nivel de consenso, creo que este proyecto va a establecer mejores mecanismos de control y de transparencia”, afirmó Pérez en declaraciones realizadas esta tarde a periodistas acreditados de Casa de Gobierno.
El funcionario además ponderó que “la bancarización absoluta de los aportes va en línea con lo que están haciendo muchos países del mundo, a los efectos de mejorar el control en el financiamiento de los partidos políticos”.
Los puntos centrales de la propuesta de reforma del régimen de financiamiento político
-Se elimina la posibilidad de hacer donaciones en efectivo. Los aportes sólo podrán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito.
-El proyecto habilita el aporte de personas jurídicas, estableciendo un tope del 2% sobre el total de los gastos permitidos para un partido.
-Se propone que aquellas empresas que provean publicidad en vía pública se inscriban en un registro específico que administrará y controlará la Cámara Nacional Electoral.
-Se establece la obligatoriedad para que organismos públicos (como UIF, PROCELAC, AFIP, ANSES, IGJ, Oficina de Anticorrupción, entre otros) compartan la información con la Justicia Electoral, a los fines de combatir los aportes de dinero proveniente de actividades ilícitas, o simplemente para controlar mejor los aportes y gastos.
// Chequeá acá si aparecés en el listado de aportantes a la campaña 2017
-Las agrupaciones políticas que se presentan a elecciones deben designar dos responsables económico financieros. El proyecto incorpora la obligación de que uno sea un contador público matriculado, mientras que el otro debe ser autoridad partidaria.
-Se extiende el plazo de prohibición actualmente vigente para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto, de 15 a 30 días.
-Se promueven sanciones para el clientelismo político y el uso de recursos públicos con fines partidarios
-Los aportes extraordinarios previstos por la ley de financiamiento para cubrir gastos no electorales sólo serán accesibles para los partidos que no estén cumpliendo sanciones vinculadas al régimen de financiamiento.
-Se habilita la posibilidad de adhesión de las provincias al régimen de financiamiento nacional
-Se aumenta la composición del cuerpo de auditores contadores de la Cámara Electoral, creando 17 cargos nuevos, con el fin de mejorar sustantivamente el control del financiamiento.
El escándalo de los aportantes truchos
Como anticipó TN.com.ar, el fiscal federal Jorge Di Lello espera respuesta del Ministerio de Desarrollo Social y de la ANSES, organismos a los que envió requerimientos de información para saber si quienes aparecen en el listado cobran planes sociales y si, en ese caso, tenían la capacidad financiera para donar fondos de entre $ 300 y $ 1.500.
Una vez que obtenga toda la información hará una presentación en los tribunales de La Plata, ya que es en esa jurisdicción donde se habrían originado las maniobras irregulares. Estas medidas se suman a las dispuestas por el juez federal Sebastián Casanello, que citó como testigos a 50 personas que aparecen en la lista de aportantes.
