La Justicia hizo lugar al pedido del Gobierno bonaerense y postergó para el 1° de octubre el desalojo de los terrenos tomados en Guernica, donde viven unas 2500 familias.
La decisión fue del juez de Garantías 8 de Cañuelas, Martín Rizzo, que inicialmente había fijado el 23 de septiembre como fecha para desplazar a la gente instalada en el predio.
// Presentan un proyecto de ley que contempla penas más duras a quienes organicen toma de tierras
A través del ministerio de Desarrollo bonaerense, el gobierno de Axel Kicillof había propuesto una “desocupación pacífica” para el 1° de octubre.
La Justicia mantiene su plan de efectuar el desalojo en tres etapas: el 1, 2 y 5 de octubre. Lo haría mediante un operativo durante el día, que contempla la actuación de 500 policías y medidas anticoronavirus. Los ocupantes preparaban una “resistencia pacífica” para este miércoles.
Enterados de la decisión, vecinos que ocuparon el terreno de 98 hectáreas situado en Presidente Perón celebraron la noticia en diálogo con TN. “Es una alegría. Son unos días más que la gente va a estar tranquila acá”, resumió Damián. “A nosotros nos dijeron que no nos iban a sacar hasta que no encontraran un lugar donde ubicarnos. Nosotros somos cuatro: vivo con mi mujer, mi nena de un años y siete meses, y un bebé de cinco meses”, agregó.
Minutos antes, María Ángela, madre de 11 hijos, contó cómo se produjo su llegada al predio. “Escuchamos que estaban entrando y vinimos también nosotros. No teníamos otro lugar. Quisimos construir algo pero la Policía no deja entrar los materiales. Si finalmente nos sacan, viviremos en la calle. Otra no nos queda”, relató.
El pedido de postergación realizado por la Provincia tenía una finalidad: que el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque terminara el censo -que empezó el viernes pasado- para conocer la identidad y situación de las familias que ocuparon las tierras, y así poder ofrecerles algún tipo de respuesta y de reubicación. De esta manera, desde el Gobierno bonaerense intentarán convencer a los ocupantes de que abandonen el lugar por sus propios medios con la certeza de que el Estado los va a asistir.
Proyecto de ley para imponer penas más duras
La toma de tierras se convirtió en un problema para el Gobierno en plena pandemia e incluso generó fuertes divisiones en el Frente de Todos. La ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic consideró, en un primer momento, que “no era un tema de Seguridad” y su par de la Provincia, Sergio Berni, la contradijo. Juntos por el Cambio asegura que el espacio convalida las tomas y cree que hay funcionarios vinculados con las usurpaciones.
En esa dirección, el espacio opositor presentó este martes en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para imponer penas más duras a quienes organicen toma de tierras o lucren con estas iniciativas. Si se aprueba, habrá condenas de hasta ocho años de prisión.
