En la causa conocida como "Sueños Compartidos", los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia procesaron al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y confirmaron la acusación sobre los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, así como la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
El fallo fue firmado por los magistrados, en una resolución en la que además ratificaron el procesamiento de José López y Abel Fatala, entre otros exfuncionarios. A todos los acusados se les fijaron embargos que van hasta los 250 millones de pesos.
En la causa se investiga el desvío de fondos de más de 200 millones de pesos entregados por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación para la construcción de viviendas sociales a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a través del programa "Sueños Compartidos".
El año pasado, el juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó en esta causa a Bonafini y los Schoklender por administración fraudulenta y les trabaron embargos millonarios. Según el fallo del magistrado, la dirigente "sabía del desmanejo financiero, aprobó balances irregulares", mientras que los hermanos "tuvieron una activa participación en la gestión y ejecución de las construcciones de las viviendas con fondos del Estado".
De acuerdo a la Justicia, el millonario montó de 206.438.454,04 pesos fue enviado a distintas personas y empresas a través de cheques y transferencias a sus cuentas bancarias (“Meldorek S.A.” y “Antártica Argentina S.A.”, entre otras)" o a través de personas y firmas que percibieron dinero "sin contraprestación relacionada con la actividad propia de la Fundación y, a través de su cobro, imposibilitaron seguir su rastro".
"En estas contrataciones, no participe en forma personal ni funcionalmente en los actos que le interesa conocer al juez", señaló De Vido en un escrito que le presentó al juez Giorgi en 2016, antes de estar preso. Además, en el documento responsabilizó a los intendentes y gobernadores por el control de las obras y pidió "no ensuciar" a Bonafini "sin justificación".
