Con una larga trayectoria vinculada a los escándalos por sus fuertes declaraciones y acciones, Hebe de Bonafini llegó a un pico de tensión en agosto del año pasado, después de negarse dos veces a presentarse a declarar en la causa "Sueños Compartidos", por la que ayer fue procesada junto a Sergio Schoklender, entre otros.
Luego de avertirle sobre las complicaciones sobre su situación el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi -a cargo del caso- decidió ir a buscarla por la fuerza pública para que compareciera, pero la dirigente se atrincheró en la sede de Madres en Congreso, protegida por una muralla humana de militantes y referentes K que impediría el arresto de la dirigente.
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En plena tensión, el magistrado decidió levantar la orden de arresto y la dirigente finalmente viajó a Mar del Plata, donde llamó a "tomar las calles y las plazas", con fuertes cuestionamientos al gobierno de Mauricio Macri.
A los pocos días Martínez de Giorgi -al que la dirigente le había dicho "metete en el orto la declaración"- se acercó a la sede de Madres para indagar a Bonafini, que no aportó nada a la causa y esperó al juez con una botella de caña con ruda, por aquella frase "julio los prepara y agosto se los lleva". Después dijo que "los jueces no son la Justicia" porque "responden al poder de turno".
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Ayer la causa tuvo un fuerte avance, después de mucho tiempo, ya que el juez que pasó por fuertes humillaciones ordenó el procesamiento de Bonafini y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, del exsecretario K de Obras Públicas José López y de su segundo Abel Fatala por el desvío de $ 206 millones sobre un total de $ 748 millones que los gobiernos K le habían girado a la Asociación para construir viviendas sociales.
Bonafini y los Schoklender fueron procesados por administración fraudulenta y les trabaron embargos millonarios. Según el fallo la dirigente "sabía del desmanejo financiero, aprobó balances irregulares" y permitió tercerizar trabajos a Meldorek, mientras que los hermanos -como apoderadores de la Fundación de Madres- "tuvieron una activa participación en la gestión y ejecución de las construcciones de las viviendas con fondos del Estado.
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Martínez de Giorgi había heredado la causa hace casi cuatro años atrás del entonces juez federal Norberto Oyarbide -actualmente jubilado para evitar el juicio político- que instruyó el expediente desde 2011 hasta 2013. En medio de las presiones de los K, Oyarbide evitó avanzar entre otros contra Bonafini y su hija María Alejandra, que estaba al frente en la Fundación y que luego fue despedida por su madre.
En 2013 la Cámara Federal apartó a Oyarbide del caso, que recayó en el juzgado de Martínez de Giorgi. Cuatro años después y después de atravesar por varias controversias el magistrado avanzó en la causa con importantes procesamientos, al mismo tiempo que le dictó falta de mérito a los exministros K de Planificación Julio De Vido y de Trabajo Carlos Tomada, entre otros.