El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó el martes sin prisión preventiva a los exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal, Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, Ricardo Jaime, Eduardo Vázquez y Juan Pablo Schiavi, por el soterramiento del Ferrocarril General Sarmiento, según pudo saber TN.com.ar.
El magistrado además dictó la falta de mérito del extitular de una de las constructoras, Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y del empresario Jorge "Corcho" Rodríguez. Es decir, la investigación realizada por ahora no le permite sobreseerlo o procesarlo. "No es factible afirmar o descartar que hubieren sido parte de la presunta maniobra precedentemente descrita (cohecho), que aún no ha sido posible corroborar, y que tampoco aparecen involucrados en aquellas conductas ilícitas", puntualizó.
Calcaterra era dueño de Iecsa, la constructora fundada por la familia Macri, que integraba la unión transitoria de empresas (UTE) encabezada por Odebrecht. Las autoridades de la compañía brasileña reconocieron en su país, durante el "Lava Jato", haber pagado coimas en la Argentina, pero el primo del Presidente declaró en octubre que él no participó en ese negociado.
El juez, en cambio, sí procesó sin prisión preventiva a uno de los gerentes de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, y de Comsa SA, Héctor Castro Sirerol, embargados además por $5 millones.
El magistrado parece haberle dado la razón a Calcaterra al dictarle la falta de mérito. El fiscal federal Franco Picardi ahora deberá proponer más medidas de pruebas para que el juez reconsidere su decisión. El acusador siempre sospechó que el empresario pagó coimas para quedarse con la obra. De hecho, pidió en 2017 embargarlo.
Martínez de Giorgi les reprochó a las máximas autoridades del extinto Ministerio de Planificación Federal -De Vido (exministro), Baratta (ex subsecretario), López (exsecretario de Obras Públicas), Jaime y Schiavi (exsecretarios de Transporte) y Vázquez (exasesor)- por negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
