El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo aprovechó su nueva presentación ante la Justicia para apuntar hacia el titular del Frente Renovador, el diputado Sergio Massa; y hacia Hebe de Bonafini por la construcción de viviendas sociales en el programa “Sueños Compartidos”.
La presentación fue en persona esta semana ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ante quien el exapoderado amplió su indagatoria por escrito. En el texto, al que accedió TN.com.ar, Schoklender sostuvo que existe una “pleitesía política” hacia Massa y Bonafini porque al igual que él ambos intervinieron en la firma de convenios para la construcción de viviendas sociales y “con los mismos grados de responsabilidad y pruebas” ninguno de los dos fue acusado por ello.
Es que Bonafini, ante quien el juez protagonizó un incidente cuando ésta se negó a ir a declarar a Tribunales y el magistrado se la tomó en la sede de la Fundación, sólo está acusada por haber suscripto dos convenios con el Ministerio de Trabajo que ocupó Carlos Tomada (también citado) para recibir unos 58.834.800 de pesos para asistir a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
En ese sentido, Schoklender expuso que “Ha sido la esposa del Señor Massa, Malena Galmarini” quien tuvo un acercamiento prevo a la firma de convenios para la construcción de viviendas sociales.
“Entonces, como eterno imputado de estas actuaciones, ¿debo entender que la acusación, que sobre mí pesa, responde a quién yo soy, o es simplemente que la justicia está para satisfacer pretensiones políticas coyunturales?”, cuestionó Schoklender al volver a declarar en esta causa que se reactivó luego de cambiar de juez, pues antes estuvo en manos de Norberto Oyarbide de cuya investigación se había declarado nula en una gran parte.
Según la defensa de Schoklender, el Estado Nacional desembolsó el dinero por el pago exacto del monto que figura en un certificado de avance de obra presentado por una provincia o municipio. “Por eso, y por enésima vez, le explico al Juez que lo que la Fundación Madres de Plaza de Mayo cobró de las Provincias y/o los Municipios, era el dinero correspondiente a los gastos efectuados por la propia fundación para construir las partes efectivamente ejecutadas”, agregó.
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Schoklender remarcó que lo que él viene diciendo hace cinco años, desde el comienzo de la causa, “ahora sí, dicen los genuflexos gobernadores y todo funcionario público involucrado, que habían hecho silencio por miedo a que se descubriera que yo tenía razón y contradijeran a quien mandaba sobre ellos”.
“Verá entonces cómo el Gobernador Capitanich, ex jefe de Gabinete de Ministros y habitual orador diario del Gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner, la cual públicamente me denostaba para evitar toda investigación posterior a mi gestión, admite ahora sin reparos que la Fundación culminó todas las obras a las que se comprometió; lo mismo en el caso de los Intendentes Granados, Julio Zamora, Lifschitz, el Gobernador Gerardo Zamora, Closs”, culminó.
Según la sospecha del juez, la Fundación recibió poco más de 748 millones de pesos para la construcción de viviendas sociales en varios puntos del país pero sólo unos 500 millones se destinaron a tal fin. Poco más de 200 millones se habrían desviado hacia otros fines como ser financieras y a algunas empresas vinculadas a Sergio Schoklender.
