Primero fueron 100 propiedades, pero las investigaciones avanzaron y la Justicia confirmó que Lázaro Báez, el detenido empresario socio de Cristina Kirchner, tiene 418 propiedades en el país y su fortuna supera los $2.500 millones.
El dato, publicado por el diario Clarín, surge del informe final del Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) que fue entregado en los últimos días del año pasado al fiscal de la causa de “La ruta del Dinero K”, Guillermo Marijuan.
La tasación determinó que Báez, preso desde abril pasado, tiene bienes por $ 2.573.950.500 (US$ 176.614.173). Esto incluye cientos de máquinas viales y camionetas pertenecientes al Grupo Austral, la principal empresa del patagónico investigado por lavado de dinero.
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En más de 13 páginas, el informe de la TTN, detalla el valor de los inmuebles que compró Báez, la mayoría en el sur y durante los 12 años del gobierno de los Kirchner. Todo fue adquirido mientras el Grupo Austral ganó 52 contratos viales por más de $ 46.000 millones ( unos U$S3.200 millones).
La semana pasada, la expresidenta fue procesada y embargada por 10.000 millones de pesos como supuesta integrante de una "asociación ilicita"que habría funcionado durante sus dos gobiernos y el de su marido, Néstor Kirchner, para la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz en beneficio de Baéz.
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En igual situación y con montos de embargos similares quedaron el exministro de Planificación, Julio De Vido; el ya detenido y procesado exsecretario de Obra Pública, José López; el exdirector de Vialidad Nacional, Nelson Pierotti; el excoordinador de la cartera de Planificación, Carlos Santiago Kirchner y Báez.
En una extensísima resolución de 794 carillas, el juez federal Julián Ercolini consideró que los nombrados integraron "una asociación ilícita que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015".
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Para el magistrado "se habría verificado que los proceso licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Lázaro Báez por sumas mayores en promedio al 15 por ciento del presupuesto original".
Al ponderar el perjuicio que ello habría ocasionado al Estado, consideró que "el monto de los contratos actualizados de las 52 obras adjudicadas a las empresas vinculadas al nombrado Báez asciende a las suma de 46.230.902.061,62 millones de pesos".
La resolución agrega que la asociación ilícita invocada habría estado "destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada" de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz.
