Desde la clandestinidad, el militante que disparó un mortero contra la Policía durante los disturbios frente al Congreso en diciembre de 2017, reapareció con un mensaje de audio en el que llama a una huelga general para "tirar abajo" al presidente de Chile, Sebastián Piñera.
Sebastián Romero, que está prófugo de la Justicia desde hace dos años y tiene un pedido de captura internacional, se definió como un "perseguido político del gobierno de Macri".
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Romero celebró la "heroica lucha" de los chilenos contra el gobierno de Piñera y llamó al "movimiento obrero" a "ponerse en escena con un gran paro nacional" para "tirar abajo a" al presidente de Chile, y "a todos los que están haciendo nuestras vidas difíciles".
"En el mundo los trabajadores nos estamos reorganizando y luchando contra el plan del capitalismo", dijo en un mensaje compartido en Facebook por el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PSTU) .
"Así lo demostraron los chalecos amarillos en París, las manifestaciones en Madrid por Cataluña, Hong Kong, Nicaragua, Honduras, Ecuador y ahora Chile", afirmó el hombre, que fue precandidato del PSTU a diputado nacional por Santa Fe.
"De la única forma que los trabajadores podemos triunfar y salir de esto es reorganizando, a través de un comité de lucha, un gobierno obrero y popular que gobierne a través de esos comités".
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El militante también criticó la posible reforma de la Constitución chilena que Piñera acordó con los partidos de oposición como salida a la crisis."No tenemos que tener ninguna confianza en los partidos burgueses tradicionales, ninguna confianza en todas las instituciones de la burguesía, ninguna confianza en una asamblea constituyente", sostuvo.
"La única confianza tiene que ser entre los trabajadores, los obreros y el pueblo pobre unidos para que juntos puedan decidir qué hacer con sus vidas", aseguró Romero.
"Viva la lucha obrera chilena, viva el pueblo chileno por una revolución obrera victoriosa. ¡Y viva una lucha internacional de los trabajadores!",se despidió.
Romero está imputado por intimidación pública, daño, lesiones, resistencia a la autoridad y perturbación de la sesión del Congreso y el Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de un millón de pesos para quien aporte datos que ayuden a ubicarlo.
