El fiscal federal Gerardo Pollicita insistió con una batería de medidas de prueba para investigar si la expresidenta Cristina Kirchner y otros exfuncionarios de su Gobierno, encubrieron la investigación del atentado a la AMIA tal cual denunció el fallecido Alberto Nisman.
El letrado pidió información de teléfonos de la expresidenta, de visitas que exfuncionarios pudieron haber hecho a la Agencia Federal de Inteligencia pero también de ingresos a la Casa Rosada entre 2011 y 2015, cuando se gestó y aprobó el Memorándum de Entendimiento con Irán por el caso AMIA.
Según la denuncia de Nisman, esa herramienta fue para alivianar la situación de los iraníes con pedidos de captura internacional como responsables del atentado.
Pollicita insistió con pedirles a distintas empresas aéreas detalles de los vuelos realizados por el líder de Quebracho Fernando Esteche, por el dirigente kirchnerista Luis D´Elía, y el supuesto agente iraní Jorge Khalil. Los destinos ya se conocen, pero el fiscal quiere saber más detalles, como quién pagó y gestionó los vuelos.
En ese sentido, el fiscal reclamó que la Dirección Nacional de Migraciones informe sobre movimientos migratorios del exespía Antonio Stiuso entre diciembre de 2014 a enero de 2015.
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Una de las medidas fue a la empresa “Nec de Argentina S.A” para que informe si ha recuperado a través del sistema NECSIS, los registros de visitas a Casa Rosada, en todos sus ingresos, entre enero de 2011 a mismo mes de 2015. El pedido está dirigido en particular hacia las eventuales visitas de Héctor Timerman, Julio De Vido, Oscar Parrilli, Carlso Zannini, Angelina Abbona, Luis D´Elía, Fernando Eteche, Jorge Khalil, Andrés Larroque, Héctor Yrimia, Ramón Bogado y Alberto Nisman.
Por otra parte insiste ante la falta de respuesta de la AFI, en saber qué líneas telefónicas tenía asignadas su despacho Parrilli, entre agosto y diciembre de 2015, y si hubieron visitas en la central de inteligencia de Cristina Kirchner y los demás imputados.
También reclamó que la AMIA y la DAIA informen recibieron invitaciones por parte del Poder Ejecutivo entre los años 2007 a 2015 para participar de las Asambleas Generales de las Naciones Unidas.
