A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), Mauricio Macri decidió ponerle punto final a las idas y vueltas sobre la extinción de dominio. Se trata del proyecto que impulsó el Gobierno para que el Estado pueda recuperar los bienes de delitos complejos, entre los que se destacan la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero.
El proyecto establece que el Estado pueda recuperar los fondos y bienes que fueron obtenidos por terceros a través de delitos complejos. A diferencia de la figura del "decomiso", que ya existe en el Código Penal, la extinción de dominio permitirá la recuperación incluso antes de que exista una condena. De esta manera, se buscará atacar el poder económico de las bandas delictivas para achicar su margen de acción.
Si el titular del bien bajo sospecha no puede justificar su propiedad, la Justicia civil sentenciará la denominada "extinción del dominio" y su pase a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
También incorpora los delitos contra el orden económico y financiero, especialmente cuando se trate de corrupción. Si se aplicara a casos de coimas no solo se abarcaría al funcionario que recibió el dinero sino al empresario que pagó las dádivas.
Establece, además, la posibilidad de extinguir el dominio de bienes en el extranjero, en caso de que se detectaran cuentas offshore en paraísos fiscales. De esta forma se buscará traer a la Argentina el dinero generado a través de ilícitos que se encuentran fuera del país.
El Poder Ejecutivo lo había impulsado desde la asunción de Macri pero no logró el apoyo requerido por parte del Congreso. En agosto de 2018 el Senado dio media sanción el proyecto de ley, la iniciativa volvió a Diputados para su segunda revisión con los cambios acordados por la oposición, pero Cambiemos rechazó esas modificaciones y el debate se estancó.
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El proyecto que había aprobado el Senado establecía que la extinción de dominio puede iniciarse una vez que la causa sea elevada a juicio oral, mientras que Diputados había aprobado el proceso con la simple imputación ante la Justicia, que es lo que primó en el Decreto de Necesidad y Urgencia.
El principal mecanismo para que el Estado pueda recuperar el dinero será mediante las subastas: los elementos serán ofrecidos al mejor postor y la recaudación será destinada a "políticas públicas", según definió el Presidente, con especial énfasis en obras. Antes, esos bienes eran enviados a diferentes dependencias.
La causa de los cuadernos de las coimas fue una de las desencadenantes en la que se basó Mauricio Macri para avanzar con el DNU, con el consenso de Cambiemos y un especial pedido de Elisa Carrió. Por eso, a diferencia de lo que pretendía el Senado, podrá ser aplicado en forma retroactiva, a partir de delitos cometidos desde 15 años atrás.
El ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, señaló que se trata de "un régimen amplio, destinado a combatir a las mafias por diversos hechos, que incluye la corrupción, pero también la trata de personas, la pornografía infantil y el narcotráfico".
