El hotel Bauen es administrado por una cooperativa de trabajo desde hace 13 años, integrada por unos 150 trabajadores que lo habían recuperado en 2003 de que el complejo quebrara en 2001, arrastrado por la crisis de la salida de la convertibilidad.
El proyecto para expropiarlo había sido aprobado en Diputados por el kirchnerismo a fines del año pasado, a tan sólo una semana del recambio presidencial. Un año después el Senado sancionó la ley al cierre del período ordinario, con el impulso del Frente para la Victoria y con el rechazo de Cambiemos, que advirtió que advirtió que la compra del complejo le costaría 30 millones de dólares al Estado.
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Ahora Macri vetó la reciente ley, como lo indica el decreto 1302/2016 publicado en el Boletín Oficial. Es la quinta vez que el Presidente da de baja una ley desde que asumió: ayer lo hizo con la de salario profesional y de prevención de trombofilia, mientras que ya había vetado la ley antidespidos y, en forma parcial, la del régimen previsional especial otorgado a los excombatientes de Malvinas.
Según los argumentos oficiales la expropiación generaban obligaciones "sumamente gravosas para el Estado Nacional, favoreciendo exclusivamente a un grupo particularizado y sin traducirse en un beneficio para la comunidad en general". El Gobierno indicó en el decreto que la ley sancionada en el Senado "implicaría una erogación presupuestaria muy importante que se estima no debe concretarse en las actuales circunstancias".
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El decreto aclara que "si bien su finalidad podría considerarse loable, la concreción de dicho proceso expropiatorio implicaría un severo perjuicio en la posibilidad de asignar por parte del Poder Ejecutivo Nacional los recursos económicos disponibles a otras necesidades básicas insatisfechas para el conjunto de la población".
El texto indica además que la ley es "exclusivamente en beneficio de una situación particularizada que sólo afecta a un grupo de personas que se hallan comprometidas en las actividades que se desarrollan en el inmueble en cuestión". La ley había sido sancionada semanas atrás en el Senado y venía con la aprobación de Diputados desde 2015, con el impulso del kirchnerista Carlos Heller.
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El veto a la expropiación se produce a poco de la sanción y posterior promulgación de la consensuada reforma del impuesto a las Ganancias, con la que el Gobierno insistió en que debía realizarse con el mayor equilibrio posible para no desfinanciar a las arcas públicas, en especial la de las provincias, ya que la recaudación del tributo es coparticipable con los gobernadores.
