Una semana después de que la Justicia encontrara cinco nuevas mansiones que pertenecen a Lázaro Báez, el fiscal federal Guillermo Marijuan y la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, Daniela Sodini, le pidieron al juez federal Sebastián Casanello que disponga el embargo preventivo de 130 propiedades allanadas en el marco de la causa de la ruta del dinero K.
La medida alcanza a inmuebles, terrenos, automóviles, motos, embarcaciones y acciones que están a nombre de 13 personas físicas y de 16 empresas, entre ellas Kank y Costilla y Valle Mitre. Lo solicitado por ambos fiscales se suma a las otras 70 propiedades que ya habían sido allanadas en la Patagonia en junio.
"Resulta de gran importancia ordenar en esta instancia del proceso todas las medidas cautelares que estime conducentes a los efectos de asegurar los activos pasibles de decomiso y aquellos que resulten necesarios para asegurar la pena pecuniaria y las costas del proceso, tanto de las personas físicas y jurídicas aquí señaladas", sostuvieron los fiscales.
Las personas alcanzadas por el pedido de Marijuan y Sodini alcanzan a Báez y su hijo Martín, a los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar, al armador del entramado societario offshore, Fabián Rossi, al titular de la firma Top Air, Walter Zanzot; Julio Mendoza, Claudio Bustos, el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián; Carlos Molinari y Néstor Marcelo Ramos de Helvetic Services Group, que está prófugo de la Justicia y aún no ha sido procesado.
Con esta medida los fiscales buscan concretar los embargos que dictó Casanello cuando proceso a los acusados. A cada uno de los Báez, el juez les aplicó un embargo de $ 800 millones.
