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    Piden la indagatoria e inhibición de bienes de Cristina, De Vido y López por obras públicas de Báez

    El planteo lo hicieron los fiscales Gerardo Pollicita y Ignacio Mahiques. La presentación la hicieron ante el juez Julián Ercolini.

    16 de agosto 2016, 09:05hs
    Piden la indagatoria e inhibición de bienes de Cristina, De Vido y López por obras públicas de Báez
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    Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron hoy que se cite a declaración indagatoria a la expresidenta Cristina Kirchner, su exministro de Planificación, Julio De Vido, su exsecretario de Obras Públicas, José López, y a otros 32 acusados por la adjudicación irregular de obra pública a Lázaro Báez durante su gobierno, en un planteo hecho ante el juez federal Julián Ercolini.

    "Durante los últimos doce años existió una decisión desde la cúpula del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos al empresario Lázaro Antonio Báez y cómo su planificación tuvo origen días antes a la asunción del ex presidente Néstor Carlos Kirchner en el año 2003. La modalidad escogida para lograr el fin buscado fue a través de la adjudicación irregular de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, en donde desde el año 2003 y hasta el 2015 el empresario Lázaro A. Báez recibió contratación con fondos públicos por más de 16 mil millones de pesos, lo que significó que prácticamente el 80% de las obras adjudicadas en esa provincia fueran en favor de un amigo del matrimonio Kirchner", dice contundente en uno de los párrafos la presentación de los fiscales.

    Para Pollicita y Mahiques, la maniobra consistió en colocar en lugares claves a personas que permitieran llevar adelante las maniobras irregulares. De allí se desprende que, además de Cristina y dos funcionarios que estuvieron en el gobierno de los Kirchner desde el 25 de mayo del 2003, se pida la indagatoria e inhibición de bienes de una treintena de personas entre las que se destacan, el propio Báez, su hijo Martín y Carlos Santiago Kirchner, primo del expresidente, quien fue subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal de la Nación.

    "De este modo, ya montada la estructura de funcionarios nacionales que garantizarían los beneficios derivados de la obra pública, la tercera etapa derivó en la selección del territorio en donde se llevaría a cabo, que como dijimos, consistió en la concentración económica de la mayor cantidad de recursos públicos en materia de obra vial en un solo lugar: Santa Cruz, precisamente, la provincia de la que los ex presidentes son oriundos, la que Néstor Kirchner gobernó durante tres mandatos y la que además administran gente de confianza en los últimos 12 años", agregan en el pedido presentado en las últimas horas al juez Ercolini.

    En el informe, los funcionarios destacan el rol de la nueva administración de Vialidad Nacional que, tras una auditoría detectaron las irregularidades en 49 obras y las denunciaron. "Tal como se desprende del informe de la Dirección Nacional de Vialidad, la provincia de Santa Cruz fue la provincia más beneficiada en la transferencia de fondos públicos para la realización de obras viales con un 11,2% del presupuesto total. Para tomar real dimensión de lo que ello implica, se le destinó lo que en conjunto se asignó para ocho provincias: La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones; e incluso un monto por encima del 11% ejecutado en la provincia de Buenos Aires, la más poblada y extensa de nuestro país con conocidas necesidades en la materia".

    En el texto de 172 páginas presentados por los fiscales se deja en claro que se trata de una derivación de la causa iniciada en el 2008 por Elisa Carrió. Allí los funcionarios del ministerio público hablan de una "asociación ilícita" que habría sido encabezada por Néstor y Cristina Kirchner. "La investigación que se encara en el marco de la causa  15.734/08 - iniciada por Carrió- y sus conexas está orientada a determinar la existencia de una asociación ilícita dirigida desde la más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en primer término por el  ex  presidente  Néstor  Kirchner y luego por su esposa, la ex primer mandataria Cristina Fernández de Kirchner, quienes conjuntamente con funcionarios de distintas  reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos, entre los que se puede mencionar a Lázaro Antonio Báez, se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en  lo que la comunidad internacional ha definido como hechos  de corrupción". 

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