A más de cuatro años de que el gobierno K estatizara la empresa Ciccone Calcográfica, la expropiación amenaza con generarle un significativo impacto económico al Gobierno. Previo a la aprobación de la medida en el Congreso, el entonces ministro de Economía Hernán Lorenzino había dicho que la medida "no le costaría ni un peso al Estado". Pero un reciente fallo judicial indicó todo lo contrario.
La Cámara de Apelaciones en lo Comercial confirmó una sentencia de primera instancia del magistrado Javier Cosentino que obliga al Estado a pagar al menos $ 300 millones más el 6% de interés anual, por lo que el millonario monto podría superar los $ 350 millones.
El fallo de la Sala D de la Cámara, integrada por Pablo Heredia y Gerardo Vasallo, además intima al Estado a depositar esos fondos "dentro del plazo de 30 días hábiles a contar a partir de la notificación al Ministerio de Economía", según indica La Nación.
La expropiación de la empresa se produjo en medio del escándalo por el involucramiento del entonces vicepresidente Amado Boudou en la compañía, que terminó con su procesamiento por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, mientras la causa se encamina a juicio oral.
El gobierno de Mauricio Macri se resiste a pagar la multimillonaria suma por la expropiación y la AFIP ya apeló el fallo, con la esperanza de que sea revertido por la Corte Suprema. El organismo recaudador busca que la Justicia admita la compensación entre el valor de la empresa, unos $ 300 millones, y sus deudas impositivas, que superan los $ 275 millones.
El problema radica en que tanto Cosentino como los camaristas consideran que esta compensación resultaría en un trato inequitativo para el resto de los acreedores, que a su vez buscan cobrar una parte de la deuda.
En octubre de 2013 el juez determinó que la ley de expropiación de la calcográfica violaba la Constitución al igual que el "convenio de avenimiento" dispuesto por el gobierno de Cristina Kirchner para compensar la eventual indemnización por la deuda tributaria.
En ese fallo, además, el juez apartó al presunto testaferro de Boudou y expresidente de la compañía, Alejandro Vandenbroele, y al entonces interventor oficial, Lorenzino, de las negociaciones que debían llevar al cobro de la indemnización. La decisión de Cámara, por su parte, aclara que los millones que le ordena a pagar al Estado no irán a la familia Ciccone, por las fuertes deudas que acumularon.
"El capital indicado y sus intereses habrá de quedar afectado a la satisfacción, según la ley del dividendo, de los acreedores verificados y declarados admisibles", plantearon los camaristas en su fallo, "así como a la de los demás créditos que pudieran corresponder, según resulte del reparto o distribución que se haga de acuerdo con las reglas concursales aplicables".
