La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aclaró al juez comercial Javier Cosentino que los planes de pagos o moratorias no están previstos para el caso del Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC) que la empresa Oil Combustibles, la mayor del Grupo Indalo, retuvo por cerca de 8.000 millones de pesos.
Con esta definición de la entidad recaudadora, la principal empresa del Grupo Indalo, de Cristobal López, quedó en una situación muy delicada que puede derivar en su quiebra en la Justicia.
Cosentino convocó hoy a un encuentro a directivos del Grupo Indalo y a los abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para buscar una salida: una quita, un plan de pago o algún mecanismo que permitiera a la empresa cancelar su deuda.
Pero el subdirector de Asuntos Jurídicos de la AFIP, Eliseo Devoto, fue taxativo ante el juez cuando señaló que la retención del impuesto a los combustibles no admite más que su pago efectivo en tiempo y forma.
La situación de la petrolera se agravó la semana pasada cuando el mismo juez desplazó a los administradores del grupo de López, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, por "irregularidades" en la gestión, advertidas en gastos elevados sin justificación.
En paralelo al rechazo a otorgar un plan de pagos, la AFIP le reclamó hoy a la Cámara Federal de Casación Penal que los empresarios titulares, Cristobal López y Fabián de Sousa, sean juzgados por "defraudación al Estado", y no por "apropiación indebida de tributo", como dispuso ese tribunal en un polémico fallo.
El cambio de caratula, que implicó la liberación de los dos empresarios, fue apelado hoy por el abogado de la AFIP, Ricardo Gil Lavedra.
