Rodolfo Canicoba Corral advirtió que no se puede hablar del delito de soborno en la denuncia contra el jefe de Inteligencia, Gustavo Arribas, porque cuando le habrían hecho las transferencias desde la constructora brasileña Odebrecht no era funcionario público. Sin embargo, el juez a cargo de la causa dijo que hay que investigar si el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) actuó en nombre de un tercero.
"No sé si se puede hablar de soborno porque este señor era un ciudadano común, no era funcionario público cuando se hicieron los giros de dinero. Salvo que se pruebe que fue por interpósita persona, lo que sería un delito de cohecho", explicó.
Elisa Carrió denunció penalmente a Arribas para que se investigue si cometió algún delito cuando, presuntamente, recibió dinero del gigante de la construcción brasilero Odebrecht. En su defensa, el titular de la AFI aseguró que solo percibió dinero de una transferencia por una compraventa de una propiedad en San Pablo. Según la denuncia, en 2013 a Arribas le hicieron cinco transferencias por casi 600 mil dólares que habría ordenado el cambista Leonardo Meirelles, condenado por el pago de coimas en el caso 'Lava Jato'.
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Entre una relación estrecha y que sea presta-nombre en un delito, hay una distancia.
Arribas no era funcionario público el año en el que habría recibido el dinero, pero sí tenía una estrecha relación con Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno porteño. La fecha de la transacción también coincidiría con el momento en el que se le dio impulso al proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento. Esta obra estaba a cargo de un consorcio de empresas integrado por la brasileña Odebrecht, la argentina Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella.
En declaraciones a Radio Con Vos, el juez se refirió a las especulaciones por el vínculo que tenía el jefe de Inteligencia con el Presidente: "Entre una relación estrecha y que sea presta-nombre en un delito, hay una distancia. Pero eso supongo que es parte de lo que se denuncia, habrá que investigar y probar". Además Canicoba Corral explicó que, si se acredita que actuaba en favor de un funcionario público, quedaría como partícipe necesario. Y aclaró: "El hecho de que haya cercanía con un funcionario es un elemento para comenzar a investigar, no para condenar o procesar".
