Son seis cajas, pesan 70 kilos y guardan papeles que preocuparán a más de uno. Mariano Martínez Rojas pidió traerlas desde los Estados Unidos, de donde fue deportado, hacia la Argentina, donde está detenido como "imputado protegido" en la "mafia de la Aduana". El cónsul general adjunto en Miami, Gustavo Fernández Briozzo, firmó el 10 de julio el acta de recepción de la documentación. TN.com.ar pudo saber de una fuente con acceso al expediente que esas pruebas ya están en el país a la espera de que el fiscal Germán Bincaz se decida a abrirlas.
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Martínez Rojas, defendido por Daniel Mercado, cumplió así con su promesa de entregar pruebas a cambio de una reducción de la futura pena en la causa por la que el juez Gustavo Meirovich lo procesó por asociación ilícita, contrabando y lavado de dinero; lo embargó por $ 1.000 millones y le dictó la prisión preventiva.
Los documentos del "imputado protegido" en la "mafia de la Aduana" llevarían, según pudo saber este medio, a otra mafia: la de la obra pública. En su lugar de detención, Martínez Rojas hizo una lista de los personajes sobre los que tiene pruebas en su contra, entre ellos, tres exgobernadores: Daniel Scioli (Buenos Aires), Ricardo Colombi (Corrientes) y Jorge Capitanich (Chaco). También sobre el mandatario de Formosa, Gildo Insfrán, a través de un todavía enigmático Enzo Gómez.
En la "mafia de la obra pública", Martínez Rojas contará que Buenos Aires, Corrientes, Chaco y Formosa licitaron obras, que pagaron con cheques facturas de materiales de construcción que nunca llegaron y que lavaron ese dinero en "cuevas" del centro porteño.
En esas cajas, según la misma fuente, Martínez Rojas también guardó preventivamente papeles sobre Ricardo Echegaray (extitular de la AFIP), Guillermo Moreno (exsecretario de Comercio), Ider Peretti (expresidente de la Confederación General Empresaria), Malek Fara, Roberto Erusalimsky y Carlos Molinari (mencionados en la "ruta del dinero K"), Banco Patagonia, Banco Nación, Intercapital, Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y constructoras amigas del poder.
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En la "mafia de la Aduana", el juez Meirovich descubrió que 56 empresas compraron US$ 300 millones entre 2012 y 2015 a pesar del "cepo cambiario" a través de las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) que nunca hicieron o que realizaron por duplicado.
Increíblemente, si bien en el expediente figura que celebró un "acuerdo con el Ministerio Público Fiscal", el "imputado protegido" todavía no lo pudo firmar. Tampoco le hicieron llegar una copia de los papeles que hizo entregar en el consulado de Miami.
