El gobierno bonaerense entiende que el Astillero Río Santiago "es inviable" debido a que le insume al Estado $3.600 millones al año sin rentabilidad alguna e intenta encontrar una solución para sus 3.250 trabajadores. La gestión de María Eugenia Vidal no venderá ni privatizará la empresa, aunque podría dividirla: por un lado, una firma dedicada a la construcción de barcos más pequeña, y por otro, una dedicada a la obra pública del Estado.
El objetivo de esta alternativa, que surge luego de la toma del edificio del Ministerio de Economía provincial, es poner en actividad a buena parte de la planta del astillero que no construye un barco desde el año 2008. En rigor, el 99 por ciento del presupuesto para su funcionamiento parte de las arcas provinciales, y el restante 1 % se genera con pocas reparaciones de embarcaciones.
Periodismo Para Todos denunció en julio que el Astillero Río Santiago es una "fábrica fantasma" tomada por la corrupción: desde empleados falsos hasta jubilaciones truchas.
De acuerdo a la denuncia de la gestión bonaerense, el sindicato estatal ATE, en su seccional Ensenada, que representa a los empleados de Río Santiago, realiza descuentos de 1.600 pesos a todos los trabajadores en concepto de gastos de almuerzo. Pero de los 3.250 trabajadores, sólo 1.200 utilizan el comedor, por lo que en términos reales sólo se usa un tercio de los aportes retenidos. Esta diferencia representa unos 51 millones de pesos que alimentan las cuentas del sindicato.
Otra maniobra que investiga la Justicia tiene que ver con el régimen jubilatorio de los trabajadores del astillero. Durante un tiempo existió un acuerdo para que los empleados que iniciaran sus trámites de retiro queden "dispensados" de trabajar para "adaptarse" a la jubilación. Así, dejaban de trabajar la jornada completa de forma paulatina hasta que finalizaba el proceso.
Lo que denunció el Gobierno bonaerense es que en realidad hay una porción de los trabajadores presuntamente jubilados que continúan cobrando su salario aún cuando ya dejaron de acudir a sus puestos de trabajo. Esos sueldos representaron un gasto de unos 116 millones de pesos más.
También se investiga si durante años los trabajadores del astillero no pagaron el Impuesto a las Ganancias, lo que implicaría un fraude fiscal, y se detectó que el sindicato realizó pagos extras por productividad, pese a que la empresa desde hace años no construye barcos.
