La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal le pidió la renuncia a la contadora general de la Provincia María Fernanda Inza, en la causa por la denuncia de aportes truchos a la campaña 2017. La desplazada funcionaria integró el equipo de rendición de cuentas durante la campaña y que es tesorera del PRO en la Provincia.
En la causa se investiga cómo se financió la campaña electoral bonaerense del frente oficialista en 2017, tras la denuncia de que en la nómina de aportantes figuraban personas que aseguraron no haber donado el dinero y que, además, serían beneficiarios de planes sociales.
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La mandataria bonaerense además ordenó la realización de una auditoría contable sobre los aportes a la alianza oficialista y se comprometió a la bancarización de todas las donaciones de la próxima campaña.
"Le pedí la renuncia a la contadora Fernanda Inza al cargo de la Contaduría General del gobierno de la Provincia. Formó parte del equipo de rendición de campaña", explicó Vidal.
La gobernadora bonaerense dijo que conoce a Inza desde hace años y que confía en ella. "No tengo ningún elemento que certifique el involucramiento en este caso, pero el haberle pedido la renuncia preventivamente responde a demostrar que no somos todo lo mismo", indicó.
"Cuando la gente votó Cambiemos en 2015 no votó solamente un cambio de espacio político, de políticas concretas o de género. Votó un cambio de valores. Y en ese cambio de valor es que le pedí la renuncia (a Inza) hasta que esto se aclare en la Justicia", indicó la gobernadora.
Este es el decreto por el que Vidal había designado a Inza
La funcionaria había sido designada en el cargo una semana atrás, el pasado martes 12 de julio a través del decreto 2018-699, y hoy Vidal le pidió su renuncia, por la causa que investiga la justicia federal.
La causa
Como anticipó TN.com.ar el fiscal federal Jorge Di Lello espera respuesta del Ministerio de Desarrollo Social y de la ANSES, organismos a los que envió requerimientos de información para saber si quienes integran el listado cobran planes sociales y si, en ese caso, tenían la capacidad financiera de aportar fondos entre los $ 300 y los $ 1.500.
Di Lello por el momento encabeza una investigación preliminar en su carácter de fiscal electoral. Una vez que reúna toda la información realizará una denuncia en los tribunales de La Plata, porque es en esa jurisdicción donde se habrían originado las maniobras irregulares.
Estas medidas se suman a las dispuestas por el juez federal Sebastián Casanello, que citó como testigos a 50 personas que aparecen en la lista de aportantes. Se trata de dos investigaciones que avanzan en paralelo y que buscan determinar si, tal como figura en la documentación presentada por Cambiemos, las personas donaron fondos para la campaña o si en realidad sus nombres fueron usados sin su consentimiento como una presunta maniobra de lavado de dinero.
Cuando el juez les tome declaración a los 50 afiliados les preguntará si donaron fondos para la campaña o si están afiliados a algún partido. Según los registros de la Cámara Nacional Electoral uno de los presuntos aportantes es el intendente de General Pueyrredón, el oficialista Carlos Arroyo. El jefe comunal negó que haya hecho donaciones: "Trabajé durante años en política y sinceramente debo haber gastado mucho, pero no en esta campaña", afirmó.
