Cobraban "peajes", extorsionaban y hacían caja para su propio beneficio. Los jefes sindicales de la UOCRA de Bahía Blanca practicaban un modus operandi similar al del detenido gremialista Juan Pablo "Pata" Medina.
Los empresarios del sector padecieron durante años los aprietes y amenazas de los jefe del sindicato de la construcción en Bahía Blanca, Humberto Monteros y del exsecretario general adjunto, José Burgos. Ambos quedaron detenidos esta madrugada como los cabecillas de una asociación ilícita dedicada a extorsionar.
Bastó con que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal expusiera públicamente -en base a quejas de empresarios del sector- los negociados y los malos hábitos de la seccional de la construcción de Bahía Blanca para que el fiscal General Juan Pablo Fernández iniciara una investigación de oficio.
// Detienen a la cúpula de la UOCRA de Bahía Blanca
El modus operandi que aplicaban en Bahía Blanca Monteros y Burgos era similar al del Pata Medina en La Plata. Paralizaban obras con falsos reclamos gremiales y realizaban asambleas para presionar a los empresarios del rubro con el objetivo de que le paguen sumas de dinero al sindicato o que contraten a empresas prestadoras de servicios: baños químicos, viandas e indumentarias de trabajo. Estas firmas, según consta en la causa, pertenecían a los gremialistas y brindaban servicios con precios superiores a los del mercado.
"Se enriquecían ellos mismos (por los jefes sindicales de la UOCRA Bahía Blanca) considerablemente y utilizaban cuestiones gremiales como una mera exucsa ya que cuando se le pagaba, los reclamos cesaban", indicó el fiscal General de Bahía Blanca Juan Pablo Fernández de TN.
Sumas y daño
Mediante aprietes y extorsiones, los sindicalistas obligaban a los empresarios a pagar "peajes" para reactivar las obras. Las sumas iban desde los 1.000 a 3.000 pesos en obras chicas hasta los 750 mil pesos 0 400 mil pesos en obras de envergadura como la reparación de la turbina 29 y 30 de la central termoeléctrica Piedrabuena.
"Causaban un gran daño a las empresas y al mercado de la construcción porque estos peajes el empresario los trasladaba a los precios que debían pagar particulares o el Estado", analizó el fiscal Fernández.
