El 14 de enero de 2015 y en plena feria judicial, Alberto Nisman presentó la denuncia que hoy continúa inquietando al país. El extitular de la UFI-AMIA aseguraba que detrás de la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán se escondía la garantía de impunidad a los supuestos responsables de la voladura de la mutual israelí en 1994.
Nisman creía que la firma del documento buscaba que cayeran las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre los ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA a cambio de que se reflotaran las relaciones comerciales entre ambos países.
El fiscal, que apareció muerto cuatro días más tarde en su departamento de Puerto Madero, denunció por esa maniobra a la por entonces presidenta Cristina Kirchner, al exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, al fallecido excanciller Héctor Timerman, al supuesto espía Allan Bogado, al representante de la comunidad islámica Argentina Yusuff Khalil y al dirigente político Luis D´Elía, entre otros.
Aunque presentó la denuncia ante el juzgado de Ariel Lijo, porque allí se encontraba radicada la primera investigación por encubrimiento del atentado a la AMIA; la denuncia finalmente fue a sorteo y cayó en manos del juez Daniel Rafecas que más tarde la desestimó por entender que no había delitos en los hechos denunciados.
El fallo de Rafecas -que hoy se postula como Procurador General de la Nación, impulsado por el presidente Alberto Fernández- fue confirmado por la Cámara Federal porteña pero tiempo después, y a instancias de una presentación de la DAIA, la denuncia fue reabierta por la Cámara Federal de Casación Penal, que además separó al juez de la investigación.
// A 5 años de la denuncia de Nisman, evalúan tomar declaración anticipada al exjefe de Interpol
La causa pasó, entonces, a manos del juez Claudio Bonadio que había empezado a trabajar en paralelo en una denuncia por supuesta traición a la patria contra la ex presidenta por la firma del mismos memorándum: la supuesta comisión de ese delito fue después revocada por la Cámara Federal porteña.
En marzo de 2018, Bonadio elevó a juicio oral la denuncia contra la ex presidenta, su ex canciller y otros por supuesto para que sean juzgados por supuesto "encubrimiento agravado, abuso de autoridad y estorbo de un acto funcional", por el supuesto intento de encubrimiento en el marco de la investigación de la causa AMIA.
Lo hizo sin tomarle declaración a Ronald Noble, el exjefe de Interpol que negó la acusación de Nisman sobre las alertas. En diciembre pasado, la defensa de Zannini solicitó a la Justicia que el testimonio sea volcado en el expediente.
Si bien el juicio aún no tiene fecha de inicio -entre otras cuestiones porque el tribunal lleva casi un año esperando que la Corte Suprema responda una solicitud de recursos-, el TOF 8 aceptó en su momento tomarle declaración indagatoria anticipada al ex canciller Héctor Timerman, porque padecía un cáncer que le costó la vida.
"La presidenta jamás me dio una orden que sea contraria a la ley y yo jamás la hubiera cumplido. Pero no la recibí. Ella quería que este caso se resuelva y resolverlo bajo su presidencia", sostuvo Timerman entonces.
El TOF 8 está integrado para este juicio por los jueces Gabriela López Iñigez, José Michilini y Daniel Obligado.
Ese tribunal reclamó a la Corte en febrero de 2019 poder contar con un equipo exclusivo compuesto por 3 secretarios de cámara, 2 prosecretarios, 2 oficiales y 3 escribientes auxiliares, para poder avanzar en el trámite del juicio.
