La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su repudio a la ratificación de una condena contra El Universo de Guayaquil y sus directivos. La entidad mostró su preocupación por la estrategia del gobierno nacional de Ecuador de “continuar lesionando la libertad de prensa”, presionando para que los periodistas independientes y críticos reciban “castigos ejemplares y se autocensuren”.
Esta mañana la Segunda Sala de lo Penal del Guayas ratificó en una audiencia de apelación, la sentencia contra Carlos, César y Nicolás Pérez, directivos de El Universo de Guayaquil y contra Emilio Palacio, ex editor de Opinión del diario, en la que se ordena el pago de 40 millones de dólares y tres años de prisión por una demanda por injurias presentada por el presidente Rafael Correa. Dos de los tres jueces, Henry Morán y Hellen Mantilla, votaron por la ratificación de la sentencia; en tanto el magistrado Guillermo Freire se abstuvo de votar.
Palacio está en Estados Unidos haciendo trámites de asilo político, por considerarse un perseguido político. Este argumento también fue esgrimido por otros periodistas ecuatorianos que fueron demandados por el jefe de Estado.
“No nos sorprende este fallo predecible, que se da en un país donde una parte de la Justicia parece subordinada al poder político, en especial cuando se trata del primer mandatario, quien ya ha dado muestras de manipulación judicial, lo que quedó en evidencia el 20 de julio pasado”, dijo el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín.
El dirigente, presidente del periódico guatemalteco Siglo 21, hizo así referencia a un proceso judicial “urgido y repentino”, por el cual el juez temporal Juan Paredes, del Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales del Guayas, redactó una condena de más de 150 carillas, basada en un expediente de cinco mil páginas, en un tiempo récord de 12 horas, para luego renunciar a su cargo.
Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, del periódico estadounidense San Antonio Express-News, se mostró molesto y consternado por declaraciones previas del presidente Correa, quien en sus discursos siempre trata de imponer “castigos ejemplares” contra los medios de comunicación independientes y críticos que él considera “corruptos” y alejados de la revolución ciudadana. “Todo aquel que discrepa de su opinión o manifiesta críticas contra el Presidente, termina siendo sorprendido por demandas extravagantes””, agregó Rivard.
Las autoridades de la SIP confían en la última instancia, la Corte Suprema de Justicia de Ecuador.
Marroquín y Rivard recordaron que las figuras públicas deben estar más expuestas a las críticas y quienes ejercen ese derecho a criticar deben tener las garantías de blindaje constitucional y legal para hacerlo. “La imposición de la pena de cárcel y la indemnización millonaria, demuestran a las claras que estamos ante un fallo burlón, desproporcionado que busca censurar o, al menos, imponer la autocensura a todos los periodistas y medios independientes”.
