La Argentina es uno de los pocos países junto con Angola, Ecuador y Venezuela, que no firmaron un acuerdo con Brasil para contar de primera mano las revelaciones que el escándalo Odebrecht tiene en ese país del Mercosur a traves de un juicio sin precedentes. La empresa reconoció que pagó coimas en varios países. Dijo que en el nuestro desembolsó 35 millones de dólares a funcionarios para hacer obra pública, concretamente la extensión de las redes troncales de gasoductos.
Ahora, el periodista Hugo Alconada Mon del diario La Nación publicó los videos del juicio del Lava Jato, como se conoce el caso en Brasil, en el que un directivo de la multinacional revela cómo fue la ruta de la coima en la Argentina. "Todo fluía hasta que murió Kirchner", dijo bajo juramento Marcio Faria, que se acogió al régimen de la delación premiada en Brasil. Faria contó que el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner pidió las coimas para los funcionarios argentinos, cuyos nombres no trascendieron, y que el 27 de octubre de 2010 cambió todo. Tras la muerte de Kirchner, Odebrecht dejó de pagar coimas hasta ver qué pasaba en el país. Después todo volvió a la "normalidad", es decir a la ilegalidad, cuando apareció según declaró Faria, un intermediario, Jorge Rodríguez, que se presentó, según dijo, como "facilitador", entre el gobierno argentino y la empresa.
El video complica aún más la situación de "Corcho" Rodríguez en nuestro país. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la semana pasada la inhibición general de bienes que pesa sobre el empresario en otra causa, por la que se investigan presuntos sobreprecios en la construcción de la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas, en Tigre, y de la Depuradora del Bicentenario, en Berazategui.
El "Corcho" Rodríguez está investigado como uno de los empresarios que habría hecho de intermediario entre la empresa brasileña y los funcionarios públicos argentinos, para el pago de sobornos.
La decisión de Casanello de inhibir los bienes de Rodríguez se había producido luego de que una versión periodística diera cuenta de "posibles acciones de desapoderamiento" por parte del empresario.
La semana pasada la Oficina Anticorrupción pidió la citación a declaración indagatoria de "Corcho" Rodríguez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y sus ex funcionarios Roberto Baratta y José López por supuesto "cohecho" en las obras para la planta potabilizadora Paraná de las Palmas.
La obra fue adjudicada a una unión transitoria de empresas integrada por la brasileña Odebrecht, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SACI y José Cartellone Construcciones Civiles SA.
El organismo oficial pidió también que se amplíen las indagatorias ya tomadas a los ex funcionarios de Aysa, Carlos Ben y Oscar Biancuzzo, y a los empresarios Aldo Roggio y "Tito" Biagini, entre otros.
En el escrito presentado en la Justicia, la OA aludió a un "complejo entramado de pagos de sobornos a funcionarios públicos vinculados a la obra mentada donde el acuerdo venal tuvo su origen con carácter previo a la adjudicación" de las obras, según el texto de cien carillas.
"A partir del año 2011 este oscuro entramado tuvo a Jorge Ernesto Rodríguez, y a personas de su entorno, como intermerdiarios de los sobornos de una de las fimras integrantes de la UTE: Odebrecht y distintos funcionarios públicos", agregó.
Al planteo se sumó el fiscal federal Federico Delgado, quien interviene en esta causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello y tiene delegada la investigación relativa a la "ruta del dinero" de la maniobra.
En un breve escrito de seis líneas, Delgado acompañó la presentación de la OA, sostuvo que su fiscalía ya trabajaba en algo similar y pidió que se ordene la prohibición de salida del país de Rodríguez y otros dos imputados, Osvaldo Gandini y Marcos Sankowicz.
