En los últimos años su nombre estuvo vinculado a uno de los primeros casos de corrupción que se conocieron durante el kirchnerismo. Sergio Schoklender fue uno de los responsables de la Fundación "Sueños Compartidos", manejada por las Madres de Plaza de Mayo, donde hubo presupuestos millonarios para la construcción de casas que, en muchos casos, no se hicieron. Por esa causa, está a punto de enfrentar un juicio oral. De ese pasado holgado a este presente apretado: el exapoderado de Hebe de Bonafini ahora trabaja como maestro mayor de obras en la ciudad de Rosario.
Schoklender vive en Pérez, una pequeña ciudad de Santa Fe, pegada a Rosario. Un informe de TN Central confirmó que alquila una casa de dos lotes, austera pero amplia en la calle Las Heras 1717. Tiene pileta y algunos árboles. Vive solo con una perra a la que lleva a todos lados. Según cuenta el propio exapoderado de Sueños Compartidos, consiguió trabajo en Rosario gracias a los oficios y cartas recomendatorias de Néstor Rozín, titular de una importante empresa rosarina, Rogiro Aceros.
Rozín le vendió a Sueños Compartidos un terreno ubicado en Juan José Paso y avenida Sabín de Rosario que durante décadas fue usurpado por una comunidad toba. Era un asentamiento irregular de la época en la que Rozín y Schoklender idearon un barrio popular de comunidades indígenas sostenido con presupuesto estatal.
Fue Rozín el que le consiguió trabajo a Schoklender cuando cayó en desgracia en Buenos Aires, de acuerdo a lo que dijo Nicolás Wiñazki. El exempresario se dedica ahora a la construcción de viviendas particulares con un novedoso sistema Italiano de construcción en seco: más rápida y más barata que la forma tradicional.
La causa de Sueños Compartidos
Esta tarde, la fiscal federal Paloma Ochoa pidió enviar a juicio oral y público a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y al ex secretario de Obras Públicas José López, por el desvío de fondos en la construcción de viviendas sociales. Ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi exigió llevar a juicio a 18 personas y también reclamó medidas de prueba sobre Hebe de Bonafini.
El pedido de juicio comprende a Abel Fatala, Alejandro Gotkin, Daniel Laurenti, Fernando Caparroz Gomez, Pablo Sette, Adolfo Bus, Christian Terdjanian, Gustavo Serventich, Manuel Camet, Mariano Moncada, Claudio Freidin, Carlos Castellano, y Daniel y Silvia Nasif. En la investigación hay más imputados, como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, pero aún no le corrió vista el juez a la fiscal para que formule el requerimiento de elevación a juicio.
// Sueños compartidos: de la rebelión judicial de Bonafini a los procesamientos
El dinero que pactó el Estado era para la construcción de viviendas en la localidad de Tigre, en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Misiones, y por un total de 748.719.414 de pesos. El proyecto original comprendía la suma de 1.295.218.967 millones de pesos. "Se le adjudicó la ejecución de las obras en forma directa, sin sustentación legal válida", indicó el fallo sobre la Fundación.
Además, sostuvo que de los fondos de la Secretaría de Obras Públicas "sólo la suma de 516.247.173 pesos pudo ser asociada a débitos asociados con la gestión de obras". Se investiga entonces un faltante de 206.438.454 pesos que "fueron desviados de su fin específico", entre ellas a financieras, mientras que también se acreditaron extracciones en efectivo realizadas por Sergio Schoklender y emisión de cheques que "lo tenían como beneficiario".
Se detectaron también "hasta pagos y transferencias cuyos destinatarios se desempeñaban como funcionarios públicos a nivel nacional y provincial que tenían responsabilidad de control y aprobación de gestiones relacionadas con las obras realizadas", indicaron.
