La Cámara Federal reabrió la causa por el asesinato en 1973 del entonces secretario general de la CGT y referente del peronismo ortodoxo, José Ignacio Rucci, al revocar su archivo y ordenar al juez federal Ariel Lijo que profundice la investigación.
El fallo, dictado por la Sala Dos del tribunal, indicó avanzar en la búsqueda de los autores materiales e intelectuales del homicidio, en el barrio porteño de Flores el 25 de septiembre de 1973, apenas 48 horas después de que Juan Perón fuera elegido por tercera vez Presidente de la República.
En agosto pasado, el juez Lijo consideró que el crimen, atribuido a la guerrilla "Montoneros", no podía ser considerado "delito de lesa humanidad" y, en consecuencia, estaba prescripto por el paso del tiempo, pero la Cámara revirtió ese criterio.
El tribunal revocó por "prematura" la determinación del juez de primera instancia y advirtió que "deviene imprescindible la profundización de la pesquisa", impulsada por los hijos, Claudia Rucci, actriz y actualmente diputada por el peronismo opositor, y su hermano Aníbal Rucci.
Los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun ordenaron una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación y determinar si la emboscada que acabó con la vida de Rucci pudo haber sido financiado o apoyado desde el gobierno del peronista Oscar Bidegain en la provincia de Buenos Aires.
EL CASO
A Rucci lo acribillaron en una emboscada, en la avenida Avellaneda 2935, y el libro "Operación Traviata" de Ceferino Reato no duda en atribuirla a Montoneros, identifica al francotirador como Juan Julio Roqué -dirigente montonero muerto en 1976 durante un combate con marinos de la ESMA-; y asegura que dos de los miembros del pelotón aún se encuentran con vida.
Los hermanos Rucci daban por seguro que al sindicalista lo habría asesinado la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A) y, por ello, en 1998, cobraron la indemnización que la ley 24.411 consagra para los familiares de las víctimas de esa banda paraestatal y del terrorismo de Estado de la dictadura militar.
Incluso en el expediente judicial hay un testimonio de Juan Carlos Juncos, quien fuera custodio del entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega, y en 1984 aseguró que su superior había ordenado la ejecución de Rucci a la banda terrorista paraestatal Triple A, que él dirigía.
Pero a partir de la publicación del libro de Reato, los hermanos Rucci se presentaron a la Justicia y consiguieron reabrir la causa, archivada desde 1988, y plantearon ser admitidos como querellantes.
