La Corte Suprema rechazó el planteo contra la constitucionalidad de la ley lemas en la provincia de Santa Cruz, que permitió que en 2015 Alicia Kirchner ganara las elecciones y se convirtiera en gobernadora. Por unanimidad el máximo tribunal declaró inadmisible el planteo realizado por el senador radical Eduardo Costa, que a pesar de haber obtenido más votos en esa elección quedó relegado porque Kirchner sumó sublemas de otras listas internas del peronismo.
Los jueces consideraron que las provincias tienen autonomía para dictar sus propias leyes electorales y que la norma en cuestión no contradice la Constitución Nacional. Los ministros se pronunciaron sobre el planteo tras un dictamen de la procuradora fiscal ante la Corte Laura Monti, que opinó que se trata de una cuestión "local" ajena a la competencia del máximo tribunal, integrado por Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. La funcionaria había considerado que la cuestión del sistema electoral provincial es "de derecho público local" y que no hay "cuestión federal" en juego.
En la última elección provincial en Santa Cruz Costa sacó más votos que su rival K: 71.277 contra 58.888. Pero la cuñada de Cristina Kirchner lo superó porque su alianza obtuvo 87.220 votos y se impuso así gracias al sistema de ley de lemas, que solo rige en la provincia patagónica.
En su planteo el radical había exigido la declaración de inconstitucionalidad de la ley provincial 3415 -que establece la ley de lemas como sistema para elegir gobernador- y que la Justicia le ordenara a la provincia que "proclamara ganador de las elecciones" a quien obtuviera la mayoría "a simple pluralidad de sufragios".
La ley de lemas determina que el ganador de las elecciones surge del espacio que acumula más votos y, dentro de la coalición, el candidato que obtiene mayor respaldo. El sistema fue adoptado por varias provincias en la década del '90 pero luego lo fueron derogando, y actualmente solo sigue vigente en la provincia de Santa Cruz.
La derogación de la ley era una de las condiciones que le reclamaba el Gobierno de Mauricio Macri a la mandataria de Santa Cruz -como gesto de transparencia institucional- cada vez que se presentaba en Casa Rosada para pedir fondos por la alarmante situación económica y financiera de la provincia. Pero cuando se trató en la legislatura provincial el oficialismo rechazó su eliminación.
