La Corte Suprema condenó a la provincia de Santa Cruz a pagarle a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) 1,6 millones de pesos, más intereses de casi cuatro años, por aportes sindicales impagos.
La gremial de estatales le reclamó a la Provincia "la suma de 1.599.821,86 pesos, en concepto de retenciones por cuota sindical efectuadas y no abonadas, con más los intereses resarcitorios y punitorios que por ley resulten procedentes". El gobierno provincial replicó que ya había pagado, cuanto menos parcialmente, esos importes, y además opuso una excepción de "inembargabilidad de los fondos públicos" para evitar la ejecución en su contra.
Pero la Corte consideró que las constancias de pago presentadas "no reúnen los requisitos necesarios para concluir que se ha cancelado la deuda que se reclama". "No son un instrumento apto para acreditar los pagos que se invocan, ya que no permiten concluir que las retenciones por cuota sindical correspondientes a los períodos comprendidos en el certificado base de esta ejecución hayan sido efectuados en tiempo y forma", sostuvo el máximo tribunal.
El fallo, firmado por los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, también rechazó la "inembargabilidad de las cuentas públicas provinciales" pues esa objeción al "deberá ser planteada en el caso de que la ejecutante pretenda medidas sobre los fondos públicos".
La Provincia de Santa Cruz estuvo representada en el expediente por la fiscal de Estado y ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, y por la abogada Graciana Peñafort.
El fallo se conoce en medio de una fuerte crisis que tuvo su punto más tenso el viernes pasado a la noche cuando manifestantes atacaron la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner, en Río Gallegos, quien en ese momento se encontraba junto a la ex presidenta Cristina Fernández.
