Desde el viernes escala un conflicto entre la Suprema Corte bonaerense y la Gobernación por las fuertes declaraciones del titular del máximo tribunal de la Provincia Eduardo De Lázzari, que advirtió sobre irregularidades en la Justicia al hablar sobre "causas armadas" y "abuso de arrepentidos". La respuesta no tardó en llegar: la gobernadora María Eugenia Vidal dijo que "si cree que hay causas armadas o persecuciones, está obligado a denunciarlo".
En este contexto el Procurador General bonaerense Julio Conte Grand busca que la Justicia investigue los dichos del magistrado. Pidió que le envíen una copia de las declaraciones de De Lázzari con el objetivo de "dar intervención al señor fiscal general del departamento judicial de La Plata, doctor Héctor Vogliolo". Es decir, denunció las declaraciones del titular de la Corte del distrito para que la Justicia impulse o no una causa.
El conflicto empezó el viernes pasado cuando se difundió el discurso que De Lázzari había dado en el acto inaugural de las V Jornadas de Actualización de la Red de Jueces Penales Bonaerenses. En ese encuentro con otros magistrados de la Provincia advirtió que en los tribunales federales se estaban dando situaciones "abuso del proceso judicial penal".
"Estoy hablando de causas armadas artificialmente; de abusos de testigos de identidad reservada; de arrepentidos; de factores de presión que inducen, fomentados por ciertos medios de prensa a dictar condenas mediáticas, y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde actúan influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados", afirmó.
Sus fuertes declaraciones hicieron eco en la Gobernación, y Vidal le contestó poco después. Si el presidente de la Suprema Corte cree que hay causas armadas o persecuciones está obligado a denunciarlo. Uno tiene que ser consecuente con lo que dice en la acción judicial", dijo.
En respuesta la presidencia de la Suprema Corte bonaerense difundió un comunicado para aclarar los dichos de De Lázzari para tratar de bajarle el tono a sus afirmaciones. Indicaron que "advirtió que comenzaban a registrarse situaciones conflictivas en la Provincia, a semejanza de lo que es conocido en la órbita federal en donde se está sustanciando una trascendente causa en el Juzgado Federal de Dolores, con intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y del Tribunal de Casación Penal".
En el documento afirmaron que De Lázzari "no particularizó los casos en sede provincial por la reserva que impone el estado de las respectivas actuaciones". Indicaron que una de las situaciones a las que aludió era la del suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, imputado por brindar ilegalmente información a un procesado, lo que motivó su suspensión por la Suprema Corte y juzgamiento en sede penal.
Además de la denuncia de Conte Grand se envió una copia del discurso de De Lázzari a la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración, para determinar si algún funcionario o empleado del Ministerio Público provincial sabe de la existencia de causas armadas o abuso de arrepentidos, consigna Clarín.
El decano de la Corte bonaerense cuestionó a De Lázzari
Héctor Negri es el decano de la Suprema Corte bonaerense, que integra desde 1983, y cruzó al titular del organismo. "Ante declaraciones hechas por el presidente del Tribunal y que han tenido una amplia divulgación pública, en mi condición de ministro más antiguo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires me veo en la necesidad de señalar que las manifestaciones (de De Lázzari) deben ser entendidas como realizadas a título individual, extrapoladas de la labor propia del Tribunal", aclaró.
Manifestó que ni al máximo tribunal de la Provincia ni a De Lázzari "le caben, entre sus atribuciones, emitir juicio sobre la actividad de otros tribunales de jurisdicción federal ni de ninguna otra jurisdicción que le sea ajena, ni tratar de influir de algún modo en sus respectivas decisiones".
"Las situaciones de extraordinaria gravedad que el señor presidente afirma conocer, que incluyen a magistrados y miembros del Ministerio Público y que lo llevan a percibir para nuestro país un panorama judicial 'sinceramente deplorable', advertible 'con mayor nitidez en el orden federal' deben, con las indispensables precisiones, ser objeto de su parte de las acciones que personalmente le corresponden, según los mecanismos propios del estado de derecho'", afirmó.
