El exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas se negó a declarar este martes en una causa por presuntas tareas de espionaje ilegal vinculadas a las elecciones de medio término en provincia de Buenos Aires en 2017.
Se investiga si en las bases operativas del organismo, instaladas en el conurbano el año anterior a esos comicios, hubo actividades de espionaje ilegal a dirigentes políticos.
El exfuncionario de la AFI se retiró sin formular declaraciones. Ante el juez Alejo Ramos Padilla argumentó que se negaba a declarar ya que sus abogados no tuvieron tiempo de leer la imputación. Posiblemente amplíe su indagatoria más adelanto. Ahora el magistrado está en condiciones de resolver si situación procesal, es decir, si lo procesa o no.
El exfuncionario llegó a las 11 e ingresó al juzgado en total silencio. Antes de entrar a su juzgado, Ramos Padilla le dijo a TN que el exfuncionario "está imputado por espionaje política en la provincia de Buenos Aires”.
Arribas fue citado por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, en la causa en la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio. El miércoles será el turno de la exnúmero dos del organismo de Inteligencia Silvia Majdalani. El magistrado les impuso a los exfuncionarios una caución real de $20 millones y ordenó que entreguen sus pasaportes.
Según la investigación se quiso “influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de autor”.
Las acusaciones parten de la instalación de seis bases operativas de la AFI en el conurbano bonaerense con el objetivo de combatir el delito pero que, según la investigación, se habrían usado para tareas de espionaje político.
Ramos Padilla procesó por esta causa al exfuncionario de la AFI Pablo Pinamonti por realizar “acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautor” en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público.
Está acusado de “haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias”.
El juez afirmó en un fallo que "de una simple lectura de los documentos relevados se desprende que, durante el 2017, las delegaciones AMBA recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información de tipo político, vinculada a las elecciones de medio término que se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires”.
Las otras investigaciones que involucran a los exjefes de la AFI
Arribas y Majdalani están procesados en otra causa por espionaje ilegal a Cristina Kirchner. Lo dispuso el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, que incluyó en el procesamiento al exdirector de Contrainteligencia de la AFI Martín Coste. Para el magistrado está comprobado que ordenaron montar un operativo continuo de espionaje ilegal sobre la entonces senadora del Frente de Todos y actual vicepresidenta.
Además la interventora de la AFI Cristina Caamaño hizo la semana pasada una denuncia ante la justicia federal de Mar del Plata por supuesto espionaje ilegal sobre familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. En su presentación le pidió al fiscal Daniel Adler que cite a indagatoria a Arribas, Majdalani y al expresidente Mauricio Macri.
En el escrito Caamaño aseguró que hubo tareas de seguimiento que no habían sido autorizadas por la Justicia y que se realizaron entre enero y julio de 2018, mientras la nave permanecía desaparecida. El pedido de citación a Macri es “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política Política de Inteligencia Nacional”.
La causa D’Alessio
Ramos Padilla tiene a su cargo además la causa que investiga una supuesta red de espionaje ilegal encabezada por el falso abogado D’Alessio. Entre los investigados en la causa está el periodista Daniel Santoro, procesado sin prisión preventiva por Ramos Padilla. El juez lo acusa por los delitos de “coacción y extorsión en grado de tentativa” y le trabó un embargo hasta cubrir la suma de $3 millones.
En la misma resolución le dictó la falta de mérito en relación a la acusación que pesaba sobre el periodista de integrar una asociación ilícita liderada por D’Alessio. Aunque entendió que fue “partícipe necesario” de los delitos cometidos en perjuicio de dos directivos.
El magistrado determinó en su resolución: “Se encuentra acreditada la coacción de la que fue víctima el exdirectivo de PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat, y la extorsión que sufrió el empresario y titular de OPS, Mario Cifuentes, y que para llevar adelante dichas acciones se requirió la participación de Daniel Santoro”. Ramos Padilla consideró que Santoro estaba al tanto de las tentativas de extorsión que llevaba adelanta el falso abogado.
El expediente en el que está involucrado Santoro está envuelto en sospechas. La diputada Elisa Carrió acusó al juez Ramos Padilla de ser parcial y lo vinculó con Justicia Legítima, la organización judicial kirchnerista.
Santoro declaró el 17 de julio pasado ante Ramos Padilla en la causa en la que también está procesado el fiscal Carlos Stornelli. Estuvo casi cinco horas ante el juez y negó su participación en la banda de D’Alessio. “Usó mi nombre sin mi conocimiento y sin mi autorización para extorsionar personas”, afirmó el periodista sobre el falso abogado.
A su vez PPT, que conduce Jorge Lanata, reveló en 2019 una serie de escuchas telefónicas, dadas a conocer como “Operativo Puf”, en las que los exfuncionarios y dirigentes K, Roberto Baratta, Claudio Minnicelli, Juan Pablo Schiavi y Eduardo Valdés, parecían saber de la denuncia que en pocos días haría el empresario Pedro Etchebest y que daría inicio al expediente en cuestión.
La causa estuvo a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que la archivó al plantear que no se consumó “el objetivo supuestamente perseguido de entorpecer el trámite de la conocida como causa ´de los Cuadernos'”, consigna Clarín.
El fiscal Stornelli apeló esta decisión e indicó que las escuchas “reflejan con extrema crudeza y contundencia el despliegue de la maniobra conspirativa a la que se hace referencia en la denuncia y que conforma la hipótesis delictual".
