Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques reiteraron el pedido de indagatoria de Cristina Kirchner y del empresario Lázaro Báez por fraude al Estado en el otorgamiento de obra pública entre 2003 y 2015.
Lo hicieron al insistir con pedidos de indagatoria a un total de 35 personas, entre quienes están Julio De Vido, exministro de Planificación Federal; José López, exsecretario de Obras Públicas; los exsubsecretarios de Obras Públicas Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez, Hugo Manuel Rodríguez, y Abel Claudio Fatala.
El pedido también abarca a Carlos Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal; el exdirector Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti; a los exsubadministradores de la Dirección de Vialidad Julio Ortiz Andino, Sandro Férgola y Carlos Alonso; a los exgerentes de DNV Francisco León, Norma Villareal, Sergio Passacantando; a los exgerentes de Obras y Servicios Viales de la DNV Víctor Francisco Farré y Jorge Eduardo Gregorutti; a los exdgerentes de Planeamiento, Investigación y Control y Gerencia de Obras y Servicios Eduardo Lence, Gustavo Gentili y Fernando Abrate.
El 16 de agosto, los fiscales habían solicitado las indagatorias. Luego el juez Julián Ercolini reclamó que le enumeren las evidencias. Los fiscales presentaron ahora un total de 227 evidencias. “Se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción suficientes para tener acreditado el grado de sospecha necesario para convocar a las personas en declaración indagatoria, y por lo tanto, no se vislumbran razones para demorar el cumplimiento de la medida solicitada”, sostuvieron en el escrito.
Y añadieron: “No resulta ocioso destacar en este sentido que la necesidad de avanzar sin demoras en la investigación, juzgamiento y sanción de hechos de corrupción como el que aquí nos ocupa, no resulta solo una pretensión de esta parte, sino que constituye un deber del Estado Argentino y, en particular, de los jueces y fiscales como operadores del servicio de justicia a partir de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de corrupción”.
Pollicita y Mahiques agregaron que existió “una asociación ilícita que desde la cúpula del anterior gobierno benefició y enriqueció a algunos empresarios amigos, en este caso, Lázaro Antonio Báez, así como también, a los funcionarios del estado que la componían”.
Por otra parte, la fiscalía reunió un total de 17 casos testigo de concesión de obra pública, en su mayoría rutas, al grupo Báez. “La hipótesis delictiva aquí diseñada evidencia que mientras el empresario Báez—amigo personal y socio comercial del matrimonio Kirchner— era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros” lo que se investiga en el caso Hotesur.
