Juntos por el Cambio (JXC) le envió este martes una carta al presidente Alberto Fernández, en la que le solicitó que "retire el proyecto" de la reforma judicial del Congreso. Entre los motivos, en la misiva se argumentó que esa iniciativa "no contará con el respaldo de la gran mayoría de la población".
"Le pedimos al Señor Presidente que reflexione sobre el mensaje de la ciudadanía y retire el proyecto", dice en uno de sus párrafos el documento elaborado por la coalición opositora durante un encuentro virtual de la cúpula partidaria y parlamentaria.
Luego de que este lunes 17 de agosto miles de argentinos se concentraran en el Obelisco porteño y en otros puntos céntricos de distintas ciudades del país, con consignas "contra la reforma judicial y la falta de libertades", Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros referentes opositores, plantearon que "hoy cualquier iniciativa en ese sentido se encontrará sujeta a sospechas y no contará con el respaldo de la gran mayoría de la población".
Además, los dirigentes y legisladores de JxC plantearon que en este momento "lo prioritario y oportuno es encontrar una salida a la crisis económica y social de la post pandemia".
"La gravedad de la crisis sanitaria que padece el país por el COVID-19 y la preocupación de todos los argentinos por las delicadas consecuencias económico sociales que estamos sufriendo y que seguramente sufriremos en el futuro, demandan que debamos concentrar todos nuestros esfuerzos y recursos en tratar de mitigar y superar esos daños para que el país pueda volver a producir y desarrollarse en paz", dice al comienzo de la carta.
Luego, advierte que "todo cambio en el funcionamiento de las instituciones de la República, especialmente si se trata de la justicia, requiere de un amplio consenso entre los partidos políticos, los sectores directamente interesados, las organizaciones sociales y los medios académicos".
A su vez, desde la coalición opositora aseguraron que en medio de la pandemia, los legisladores enfrentan "fuertes restricciones para las sesiones y los debates", y que de esta manera "el Congreso se transforma en un espacio condicionado por las restricciones y el debate se anula".
"Se pretende sancionar las mencionadas reformas judiciales con una inexplicable premura", remarcan en el documento firmado por el expresidente Mauricio Macri, quien en las últimas horas aseguró estar "orgulloso de que miles de argentinos hayan salido a decirle basta al miedo y al atropello".
Desde JxC señalaron: "El camino de la soledad de un solo bloque, no es nuestra tradición. Y cuando lo fue, la reforma judicial en el gobierno de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner fue declarada inconstitucional".
En la cuenta oficial de Twitter del partido, publicaron otro comunicado, más duro, que respalda la carta y amplía los reclamos. En el mismo, la alianza opositora alega: "La llamada 'reforma judicial' que impulsa el gobierno kirchnerista implica la creación de una desmesurada e injustificada cantidad de cargos cuyo costo fiscal estimamos en unos $4000 millones anuales".
Frente a esto, argumenta que "en un contexto en el cual la economía se derrumba en una escala sin precedentes, crecen el desempleo, la desigualdad y la pobreza, los esfuerzos de los tres poderes del Estado y de las fuerzas políticas deben estar puestos en trabajar en una mejora sustancial del Estado para hacerlo más productivo y en la eliminación de los privilegios".
Según denuncian los referentes de JxC, "semejante desconexión respecto de lo que deberían ser las prioridades del Gobierno en el actual escenario no tiene otra explicación que la puesta en marcha de un plan de impunidad para las causas de corrupción que afectan a integrantes del oficialismo".
"El proyecto enviado al Senado es contradictorio con la reforma de fondo del sistema de enjuiciamiento penal, concebida por el nuevo Código Procesal Penal Federal. El sistema acusatorio demanda más fiscales no más jueces", sostienen desde la oposición.
Finalmente, recuerdan que "la reforma se impulsa en un contexto donde funcionarios del gobierno promovieron la libertad de presos comunes y corruptos confesos".
Este lunes, después de la multitudinaria marcha del 17A, el exministro del Interior Rogelio Frigerio fue invitado a Verdad/ Consecuencia (TN) y se pronunció en sintonía con lo expresado hoy por los representantes de JXC. En relación a la reforma judicial, aseguró: "El gobierno se equivoca poniendo sobre la mesa temas que no son prioridad de la gente".
El presidente de la Asociación de Fiscales Carlos Rívolo también se manifestó en contra de la reforma judicial y de eventuales cambios en la Corte Suprema. En diálogo con Desde el llano dijo que al máximo tribunal "no hay que tocarlo más".
A su vez, cuestionó el "intento de volver a modificar la Corte en búsqueda de un tribunal que le convenga" al oficialismo, en relación a una de las recomendaciones que podrían surgir a partir del trabajo del Consejo Consultivo que asesorará al Presidente y que está integrado entre otros por Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Además de la firma del exmandatario argentino, el actual Jefe de Gobierno porteño, la titular del PRO y el presidente de la UCR, en ambas cartas figuran los nombres de los presidentes de los bloques de JxC Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado); del PRO Humberto Schiavoni (Senado) y Cristian Ritondo (Diputados); y la Coalición Cívica, el presidente partidario Maximiliano Ferraro y el diputado Juan Manuel López.
También dio su respaldo el auditor general de la Nación y excandidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto.
Mientras la oposición intenta frenar la iniciativa del Gobierno, se puso en marcha el Consejo Consultivo que asesorará al presidente Alberto Fernández sobre los cambios que consideran que se deberían realizar en la Justicia. Se trata del Comité de asesores que ya tuvo reuniones previas y en 90 días deberá hacer una serie de propuestas sobre modificaciones en la Justicia, como cambios en la Corte Suprema.
Entre los ejes del proyecto figuran la creación de la Justicia Federal Penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico, y la duplicación de los juzgados federales.
