La Justicia entrerriana condenó al empresario santacruceño, Ricardo Fabián Barreiro, conocido como el "jardinero K", a la pena de un año y medio de prisión condicional, más el doble del tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos y, también por ese tiempo, le ordenó realizar trabajos comunitarios, al hallarlo culpable del delito de falsificación de instrumento público.
Barreiro fue juzgado en Paraná, por haber falseado datos en una declaración jurada, lo que le permitió ser funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación y proveedor del Estado, al mismo tiempo, a pesar de no estar registrado como tal.
El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Pablo Andrés Vírgala, encargado del juzgamiento de Barreiro, consideró "que el hecho en su materialidad y en la ligazón subjetiva de Barreiro con el mismo se encuentran indubitablemente probadas".
"Acá se juzgó un hecho, no una persona. El hecho que se le imputó es falsedad de instrumento público", analizó el juez y dio por probado que Barreiro era funcionario, que cometió un delito al inscribirse como proveedor del Estado, y que no pudo desconocer que había sido designado por un decreto firmado por el ex gobernador Sergio Urribarri.
"¿Era funcionario? Sí, lo era", concluyó el magistrado, y descartó la argumentación de los defensores, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, que sostuvieron que Barreiro nunca fue notificado de su designación en el Estado entrerriano
El Fiscal Coordinador, Alejandro Cánepa, había pedido la pena de 2 años y 3 meses de prisión condicional, más el doble de plazo de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El magistrado, para dictar la pena, tuvo en cuenta a favor de Barreiro que "tiene trabajo estable; que carece de antecedentes penales condenatorios; que, hasta aquí, sólo pudo probarse su participación en una sola licitación pública de la que fue adjudicatario y en la que habría cumplido con las obligaciones asumidas".
La causa por la que hoy se condenó al empresario comenzó a investigarse en mayo de 2013, tras la denuncia realizada por el abogado del foro local Guillermo Mulet, quien pidió que se investigue cómo fue nombrado por el Ministerio de Comunicación y Cultura y luego contratado para dar un servicio al Estado.
