El Frente de Todos intenta aprobar en el Senado el Decreto de Necesidad Urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández que avanza sobre las Telecomunicaciones al declarar como “esenciales” a los servicios de telefonía celular y fija, Internet y televisión paga y congelar las tarifas hasta fin de año. También tratarán la reestructuración de la deuda externa y el proyecto de capitales alternas, entre otros.
La presidenta de la Cámara Alta Cristina Kirchner convocó a una sesión para las 15 en medio de un clima de tensión entre el oficialismo y el principal bloque de la oposición, tanto en el Senado como en Diputados. La semana pasada hubo un enfrentamiento en la Cámara alta en la sesión en la que se aprobó la reforma judicial por cambios que se hicieron a último momento.
// La oposición impugnó la reunión de la bicameral que trata el DNU de telecomunicaciones
Mientras que el martes hubo fuerte tensión en Diputados por las diferencias entre el oficialismo, que quiere seguir con las sesiones virtuales y Juntos por el Cambio, cuyos diputados se presentaron en el debate en el Congreso y reclaman que se adopte esta modalidad.
Los legisladores debatirán en la Cámara alta los dictámenes de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que se pronuncia sobre la validez de los DNU del Presidente. Entre ellos el que declaró “servicios esenciales” a las telecomunicaciones.
Se trata del DNU 690/2020, que obtuvo dictamen a fines de agosto en la Comisión Bicameral por la mayoría que tiene el oficialismo, pese que la oposición impugnó el trámite. Los DNU solo pueden ser invalidados cuando son rechazados por ambas Cámaras del Congreso.
Los alcances del DNU
Además de declarar como “servicios públicos esenciales” a la telefonía celular y fija a los servicios de Internet y a la TV paga, el decreto dispuso el congelamiento de los precios hasta el próximo 31 de diciembre. Las empresas del sector tampoco podrán aumentar las tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado, decisión que ya no será exclusiva de las compañías.
El texto del DNU 690/2020 establece cambios a la ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Incorpora un artículo en el que se otorga el “carácter de servicio público en competencia” para los servicios de las TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones “para y entre” sus licenciatarios. Además determina que la autoridad de aplicación, es decir el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), “garantizará su efectiva disponibilidad”.
Establece que los precios de estos servicios públicos “esenciales y estratégicos” y “los de los prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados” por el ENACOM. El texto determinó que el organismo establecerá en la reglamentación “la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad”.
Empresas de EEUU y de China se unieron contra la intervención de las telecomunicaciones
A pesar de encontrarse en plena guerra comercial, compañías chinas y norteamericanas se unieron en un comunicado del sector TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en rechazo al DNU 690/2020 firmado por Alberto Fernández, a través del cual fueron declarados “esenciales” los servicios de telefonía celular y fija, Internet y televisión paga. De acuerdo con las empresas y cámaras firmantes, la decisión del Presidente supone una modificación inoportuna que tendrá un efecto nocivo para inversores, trabajadores y usuarios. Por esos motivos, le pidieron al Gobierno que “reconsidere” su aplicación.
Sobre la medida, las compañías expresaron: “Semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, sus cientos de miles de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital, trasladando incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de los servicios que reciban en el futuro”.
En ese diagnóstico estuvieron de acuerdo la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) y la empresa china Huawei, un dato a destacar en el contexto de una tensa relación comercial entre la potencia norteamericana y el gigante asiático.
Además, en otro pasaje del texto aseguraron que el decreto presidencial “está poniendo un freno a la Industria TIC en la Argentina”, y abre un “serio interrogante dado el antecedente del congelamiento de precios del Servicio de Telefonía Fija durante 15 años (1999/2015)”.
Las otras iniciativas que tratará el Senado
La Cámara alta tratará además el dictamen que aprueba el modelo de la oferta de canje de deuda emitida bajo legislación extranjera, tras el anuncio del ministro de Economía, Martín Guzmán, de la reestructuración del 99% de esas obligaciones con acreedores externos.
También debatirá el DNU 636/20, que dejó sin efecto a otro, el 522/20, que había dispuesto la intervención de la empresa agroindustrial Vicentin. Por otro lado los senadores le darán ingreso formal a 29 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para designar a nuevos jueces y defensores oficiales en diferentes tribunales de todo el país.
// La aceptación al canje fue del 93,5% y la Argentina reestructuró el 99% de la deuda
El oficialismo incluyó en la agenda de la sesión el proyecto sobre capitales alternas enviado en febrero pasado por el Poder Ejecutivo con el fin de “descentralizar” la administración pública. Esta iniciativa propone declarar capitales alternas a 24 ciudades de cada jurisdicción del país.
El objetivo es realizar reuniones de Gabinete con autoridades de cada provincia para impulsar el federalismo, además de abrir la posibilidad de trasladar de forma temporaria o definitiva dependencias públicas a esos territorios.
// La aceptación al canje fue del 93,5% y la Argentina reestructuró el 99% de la deuda
También se incorporó el dictamen sobre proyectos de varios senadores para crear un “programa nacional de prevención y concientización” sobre el ciberacoso, conocido como “grooming”.
Además se tratará el proyecto de declaración presentado por el oficialista Jorge Taiana para adherir “a la iniciativa de sostener el consenso para que la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sea ocupada por un representante latinoamericano”.
Este proyecto va en línea con las quejas del Gobierno frente a la decisión de Estados Unidos de impulsar a Mauricio Claver-Carone como presidente de la entidad, en una ruptura de la tradición de que ese cargo sea ocupado siempre por un latinoamericano.
